Marcos Pérez Esquer.- La cancelación de 109 fideicomisos públicos que está llevando a cabo Morena es un asunto de dimensiones catastróficas.

Esa decisión, a simple vista parecería solo un cambio organizacional o administrativo, o incluso un ajuste meramente presupuestario, pero cuando lo vemos con atención, lo cierto es que impacta de múltiples maneras los derechos humanos, particularmente lo derechos de tercera generación conocidos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), es decir, un conjunto de derechos que se caracterizan por ser “prestacionales”, esto es, exigen del Estado una conducta activa que garantice la prestación de un determinado servicio. Así, el derecho a la educación, a la cultura, a la salud, a un medio ambiente sano, etc., son derechos que implican que el Estado despliegue una actuación concreta que permita a la sociedad gozar de ellos. Por esta razón, el Estado dispone un sistema de salud pública, de educación pública, de diversas formas de promoción de la cultura o del cuidado del medio ambiente, por ejemplo.

Las primera y segunda generaciones de derechos humanos sólo exigían del Estado una conducta omisiva, no prestacional, esto es, obligaban al Estado a no intervenir, a no impedir, a no estorbar, y nos referimos a derechos humanos más vinculados con las libertades, por ejemplo la libertad de tránsito, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, etc. En este sentido, para que el Estado respetara estos derechos, bastaba que no impidiera que la gente los ejerciera.

La diferencia entre estos y aquellos pues, es inmensa. El nuevo catálogo de derechos humanos contiene estos otros derechos de corte prestacional que sí obligan al estado a hacer, a dar, a prestar.

Dicho esto, cada más claro, que cancelando esos 109 fideicomisos, se cancelan –o al menos se restringen-, diversos derechos humanos, ya que esos fideicomisos brindan apoyos o servicios tan diversos como lo puede ser el apoyo a MIPYMES y emprendedores, al campo mexicano a través de Financiera Rural, y a las sociedades de ahorro y préstamo (derechos económicos); a personas defensoras de derechos humanos y periodistas (libertad de expresión, de prensa y de pensamiento); a la población afectada por contingencias climatológicas y desastres naturales, o a los ex braceros migratorios (derechos sociales, y de seguridad); al deporte de alto rendimiento, a la promoción del cine, y a la investigación científica y tecnológica (derechos culturales), a la sustentabilidad energética, o para atender el cambio climático (derechos ambientales), entre muchos otros.

Para colmo, de último minuto y a través de un transitorio, Morena pretende desaparecer también el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (derecho a la salud, derechos sociales), que es con el que se atienden enfermedades graves como el cáncer de niñas y niños, o el cervicouterino, entre otros, de la población que no cuenta con IMSS o ISSSTE.

Con todo esto, de un plumazo, la 4T viola masivamente los derechos humanos, pero además, conculca uno de los principios constitucionales y convencionales más importantes que rige a los derechos humanos que es el principio de progresividad, que es el que señala que los derechos humanos deben ser cada vez más amplios y más protegidos. Cancelar esos fideicomisos es justo lo contrario.

El pretexto es conseguir recursos para la pandemia, y es verdad que la pandemia exige recursos, pero estos no pueden conseguirse a costa de las personas más vulnerables y que más sufren, o de los derechos más elementales de la sociedad. Perfectamente podrían redirigirse los cuantiosos recursos destinados a las obras icónicas pero inviables de López Obrador, como los son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. ¡Ah! Pero para eso sí hay recursos, y muchos.

Los 70 mil millones de pesos que pretenden obtener con esta medida, se suma a los 174 mil previamente saqueados por la 4T a diversos fideicomisos, y a los recortes de hasta el 75% a programas e instituciones fundamentales como las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, las alertas de género, la Conavim, el inmujeres, la CEAV, etc., todo esto –insisto- va en contra de los derechos humanos y del estado de derecho democrático. Todo esto es criminal.