Ciudad de México, 02 de septiembre de 2020.- En sesión semipresencial, el Congreso de la Unión aprobó con 465 votos a favor, sancionar con prisión de cinco a doce años y con dos mil a veinte mil días de multa a productores, distribuidores, comerciantes o cualquier persona que eleve el precio de venta de artículos de consumo necesario, productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos durante un desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica.

El promovente de la iniciativa, el diputado Elías Lixa Abimerhi señaló que durante la pandemia vimos el incremento desmesurado, injustificado, de productos de primera necesidad, “lo vimos con los cubrebocas, con el gel antibacterial, pero también lo vimos con el tanque de oxígeno que se terminó volviendo un producto exclusivo para quienes tienen más”, agregó.

“Y no se puede en una sociedad, como la nuestra, escoger a quien padece una enfermedad, entregarle de comer a las hijas e hijos o atender la salud. Tenemos que dar una respuesta clara, una respuesta eficaz de que ese tipo de situaciones ni deben ni podemos permitir que existan en México”, precisó.

El legislador expuso que, en Yucatán, por ejemplo, cuando se han enfrentado catástrofes por huracanes, el costo del hielo ante la falta de energía eléctrica, que se vuelve un producto indispensable para mantener los alimentos, puede elevar su costo hasta 10 veces y se vuelve un producto que no está al alcance de todas las personas.

Asimismo, puntualizó que al inicio de la pandemia el PAN advirtió que el incremento de costos se estaba dando en todos los rincones del país. “Por eso, el 19 de marzo presentamos esta iniciativa en nombre de miles de yucatecas y yucatecos para erradicar estas prácticas que hoy son normales, de hacer negocio con el dolor de otros seres humanos”, agregó.

En Tribuna, Elías Lixa hizo un llamado a las instituciones como la Profeco, para vigilar los precios y endurecer sus procedimientos, así como castigar a quienes se aprovechan de las personas, y de las familias más vulnerables.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, expuso que la pandemia ocasionada por el coronavirus ha generado altos precios y escasez de productos indispensables para enfrentar la contingencia y que, por supuesto, dañan y lastiman la economía de las y los mexicanos.

Afirmó que los sobreprecios afectan aún más a aquellos que se encuentran en una condición vulnerable, ya que, de acuerdo con cifras del Inegi, al menos 4 de 10 personas en México se encuentran en esta condición.

“Y, además, también pese a que ya hay un marco regulatorio en materia administrativa, en materia de sanciones, ha sido frecuente observar en nuestros propios distritos como es frecuente que estos insumos, fundamentalmente los de relativos a medicamentos, a cubrebocas, a tanques de oxígeno, a productos de aseo y limpieza sean ofrecidos al público por el doble, el triple o mucho más de su valor normal, o de su valor real”, agregó.

Al concluir, destacó que estas prácticas vulneran el derecho a la salud, ya que la adquisición de medicinas, de insumos médicos, se encuentra sujeta al ingreso de cada persona quien, en caso de no contar con ellos, no pueden acceder a esos productos y está en peligro su propia vida.