Por Raymundo Guzmán Corroviñas

Hace unos días recibimos del Ejecutivo del Estado de México un paquete de iniciativas que, según su dicho, buscaba promover la competitividad e incentivar la economía mexiquense.

Al realizar el análisis en comisiones detectamos dos graves retrocesos:

1º La eliminación de la agravante penal a quien venda, induzca o facilite el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

2º La eliminación de la ley seca para el día de las votaciones y el previo.

En esta ocasión abordaremos únicamente el primer caso.

De acuerdo con el Consejo Nacional contra las Adicciones, en México más de 2 millones 378 mil menores de edad requieren tratamiento o rehabilitación por consumo de drogas y por el abuso del alcohol; al tiempo que más de 1 millón y medio de estudiantes se han emborrachado, incluyendo a 110 mil 600 niños de primaria.

Mientras a nivel nacional se realizan esfuerzos para combatir las adicciones en los niños y jóvenes, en el Estado de México se promueve la eliminación de la gravedad del delito, cuyo efecto sería que dentro de un proceso penal la sanción pudiera ser conmutada por una económica o que vía administrativa se pudiera cancelar la licencia de funcionamiento al negocio.

Pero ¿qué pretendía el Gobierno del Estado de México al despenalizar la venta de alcohol a menores?

Después de revisar el paquete de iniciativas se concluye claramente que el Ejecutivo, buscó defender los intereses del sector restaurantero, argumentando que con esa medida combatirían los actos de corrupción, ya que según los restauranteros de forma cotidiana son víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos estatales y municipales.

Posterior a la aprobación por parte de la mayoría “oficial” en la Cámara Local, respondieron que los Diputados de oposición pretendíamos confundir a la población al decir que despenalizaron la venta de bebidas alcohólicas a menores, pero que no es así ya que se transformó en una sanción administrativa.

Primeramente, me gustaría aclarar que “despenalizar” implica suprimir el carácter de penal de un acto que se considera ilegal, por lo que al convertir la sanción en administrativa, están despenalizando.

No comparto los argumentos oficiales, ya que de ninguna manera la transformación de una sanción penal en una económica, resolverá la corrupción. Ya que si los gobiernos municipales y el estatal no sancionan a los funcionarios corruptos de sus gobiernos, lo único que se ocasionaría es que los mismos que son acusados de corruptos y que acuden a realizar visitas de verificación, continuarían extorsionando a los restauranteros pero ahora con la nueva amenaza de cancelación de la licencia de funcionamiento.

¿Acaso con ello se eliminaría la corrupción de los verificadores?

¿O se les dota de una herramienta adicional para corromper?

La “solución” impulsada por el PRI y sus aliados, tiene altos costos para los niños, los jóvenes y las familias, ya que legaliza la impunidad a quienes promuevan, inciten o vendan alcohol a menores de edad.

Los niños y los jóvenes deben ser protegidos por el Estado, deben ser su prioridad y bajo ningún motivo se deberán generar condiciones de impunidad en favor de quienes pretendan dañar o generar vicios, menos aún en un Estado que se encuentra en los primeros lugares de adicciones en los niños y jóvenes.

Desafortunadamente en el caso del Estado de México el PRI, el Partido Verde, Nueva Alianza y la mayoría de Encuentro Social, votaron en favor de la despenalización de la venta de alcohol a menores.

Algunas personas han considerado que es responsabilidad de las familias, y no del Estado, evitar el consumo de alcohol de sus hijos, coincido en parte con ellos. Sin embargo, no concuerdo en que sea responsabilidad exclusiva de las familias, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar las medidas de seguridad para evitar la corrupción de menores y más aún, debe establecer sanciones en contra de quienes atenten contra los menores de edad, y no solo “cancelar” licencias a los negocios, debe haber sanción a las personas.

Como padre de familia, me indigna y preocupa el daño que se puede generarse a los niños y jóvenes, me indigna el retroceso en la lucha en contra las adicciones, me indigna el enorme daño a las familias. Pero como Diputado estoy ocupado no solo en argumentar, debatir y oponerme tajantemente a la impunidad en favor de quien dañe a los niños y jóvenes, sino también de realizar acciones legales en contra de tan dañina medida, ya que los corruptores de menores no pueden quedar impunes, o como lo plantea el Gobierno del Estado de México, reducirse a una sanción económica o cancelación de la licencia de funcionamiento.

¡No podemos permitir que se le ponga precios a nuestros niños!

Es cierto, se han cometido injusticias y excesos de los gobiernos en contra de los restauranteros, pero la impunidad no es la solución. El gobierno tiene que combatir la corrupción y al mismo tiempo proteger a las niñas, niños y jóvenes porque son lo más importante para la sociedad y nuestras familias.

Artículo de opinión publicado en Política y Estilo