Justicia cotidiana debe aplicarse de manera inmediata, expedita y resolver conflictos
- La Comisión Permanente hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución
Ciudad de México.- Tribunales deben aplicar de manera inmediata y expedita la justicia cotidiana, resolver de fondo los conflictos y otorgar certeza a las partes implicadas sobre sus derechos, consideró la senadora Pilar Ortega Martínez.
Al presentar en la tribuna de la Comisión Permanente el posicionamiento del Partido Acción Nacional (PAN) con relación a la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que reforman los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución, en materia de justicia cotidiana, Ortega Martínez agregó que la justicia civil y familiar enfrenta problemáticas que originan que se perciba al sistema de justicia como lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.
La Presidenta de la Comisión de Justicia agregó que el modelo de juicio civil utilizado en la mayoría de los estados del país “es obsoleto y genera que las contiendas civiles y familiares puedan alargarse durante años, abonando a la falta de confianza en las instituciones”.
La legisladora explicó que la expresión “Justicia Cotidiana” comprende el acceso a ésta en situaciones del día a día de los ciudadanos. “Se busca generar vías a través de las cuales se resuelvan de forma verdadera los conflictos”.
Por lo anterior, el decreto busca fortalecer la oralidad de los procedimientos para erigirse como un principio que pugna por la efectiva resolución de los conflictos.
Asimismo, se eleva a rango constitucional un principio para que en todo juicio o procedimiento se privilegie la efectiva solución de la controversia y, con ello, el derecho de todas y todos a la justicia.
Del mismo modo, dijo, se busca la unificación de las normas procedimentales en materia civil y familiar para facilitar su desarrollo, así como el establecimiento de políticas para mejorar transversalmente la impartición de justicia en el país, sin trastocar las competencias propias y exclusivas de las legislaturas de los estados en materia civil y familiar.
Además, se establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida la legislación procesal civil y familiar única y, en ese sentido, se prevé que en tanto no entre en vigor, la legislación actual continúe en vigor, abundó.
Los aspectos de esta reforma son de la mayor relevancia y constituirán fortalecerá la impartición de justicia en México, sustuvo Ortega Martínez.