Las investigaciones del emblemático caso del Esquema Nacional de Evasión con robo de identidad, de la red de corrupción del exgobernador preso en Miami, Fl., derivaron en que la Secretaría de Hacienda estatal emitió un crédito fiscal por 30 millones de pesos, en contra del extitular de la Auditoría Superior del Estado.

La auditoría realizada por la Secretaría de Hacienda determinó que fue el exauditor quien contactó y operó el esquema de evasión con una empresa fantasma ubicada en Puebla y varias empresas privadas a nivel nacional, para defraudar al fisco del estado de Chihuahua.

Actualmente, el litigio para la ejecución del crédito fiscal se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quien acudió la defensa del exauditor una vez que combatió con el juicio contencioso administrativo y lo perdió y luego un amparo que también perdió; sin embargo, se espera la ratificación a favor del Gobierno del Estado.

Como se recordará, el caso nacional con robo de identidad forma parte de los 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal utilizados por los involucrados en la red de corrupción del exgobernador para obtener ganancias millonarias.

Este caso involucra a una exdelegada federal cuya identidad aún no puede ser revelada, que encabezó el robo de identidad a 16 personas del sector automotriz y del Poder Judicial, con cuyos nombres crearon diversas empresas y aperturaron cuentas bancarias para realizar operaciones financieras con el Gobierno del Estado de Chihuahua y con otras entidades.

Con este esquema, transfirieron 285 millones de pesos (mdp) del Gobierno del Estado a una empresa fantasma (EFO1), que a su vez transfirió a otra EFO (2) recursos por 2 mil 750 mdp, contando con apenas 15 clientes y sin contar con proveedores.

Es decir, el Gobierno de Chihuahua entregó 285 mdp a la EFO1 representada como apoderada legal por la exdelegada federal en Puebla. Esta empresa recibe también recursos de la EFO2 y de una tercera (EFO3), quienes a su vez hacen transferencia de recursos por 924 mil pesos a una EFO4 y es donde se involucra a la hija del extitular de la Auditoría Superior.

La primer EFO retira el dinero mediante varias empresas fantasma, una de las cuales, la EFO5, transfiere un 1 millón 337 mil 886 pesos a la hija del exfuncionario y la cantidad de un millón 417 mil 230, a un exempleado de Gobierno.

Mientras que la EFO6, identificada como Kabi Gobalmark, le transfiere un millón 230 mil 586 a la esposa del exfuncionario y tres millones 190 mil 560 al extitular de la auditoría.

En este caso se involucraron también las empresas Wentech (EFO8), que entregó 1 millón 067 mil 200 pesos a la esposa de otro exempleado de Gobierno; Comercializadora Glear (EFO9) que transfirió 1 millón 192 mil 828pesos a un exfuncionario y la EFO10 que entregó 98 mil 052 a otro exfuncionario. Hay una EFO7 con la que 15 clientes convierten 10 EFOS más, ocho con el mismo domicilio y ninguna con proveedores.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua documentó que fue el exauditor quien operó este esquema por lo que le fueron embargadas diversas propiedades, entre ellas un terreno de grandes proporciones y se le dictó un crédito fiscal, primero por 20 millones de pesos que ya subió a alrededor de 30 millones.

La dependencia informó que la defensa del exfuncionario ha combatido con intensidad dicho crédito mediante juicios de amparo, los cuales ha perdido, por lo que recurrió a la Suprema Corte, en donde confían en que se resuelva a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Indicó que en este caso las EFO ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación como empresas fantasma, a fin de que no puedan seguir operando.

Una parte de la investigación de este esquema se encuentra en manos de la Federación a través de diversas instancias.

Mientras tanto, el combate a los diversos esquemas agresivos de evasión fiscal empleados por la administración pasada continúan y pronto se darán a conocer más resultados.