Ciudad de México 3 de febrero de 2021.- La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos irregulares en contratos realizados por las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los estados de Tabasco y Chiapas.

La legisladora explicó que la denuncia se realizó con base en la información que se presentó el medio de comunicación Latinus, el cual informó que los contratos fueron adjudicados a la empresa CM del Golfo, propiedad de José Rubén Ferrer del Río, primo de Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar.

Dicha empresa se dedica a la construcción de infraestructura desde el año 2004 y no a la venta de equipo médico especializado, para la que fue contrada. La ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispone que “se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse”.

En el caso de la delegación estatal de Tabasco, el IMSS asignó 23 contratos por adjudicación directa a CM del Golfo por cerca de 15 millones de pesos. De acuerdo con la investigación, Pedro Sánchez Ascencio, encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de dicha delegación, firmó las actas de autorización de las adjudicaciones, de forma directa, sin testigos y de forma exprés.

En el caso de la delegación estatal en Chiapas, el IMSS asignó cuatro contratos por adjudicación directa por 48.8 millones de pesos a dicha empresa, para la adquisición de 79 mil cubrebocas, 72 mil batas quirúrgicas y mascarillas respiratorias N95 de la marca 3M, cotizadas a sobreprecio. La empresa vendió mascarillas N95 a la delegación del IMSS en 199 pesos, cuando 3M las ofrece en 35 pesos en su precio de lista.

Gálvez Ruiz solicitó que se lleve a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y que funcionarios dejen de lucrar con la pandemia del Covid 19.