Ciudad de México 9 de febrero de 2021.- El Grupo Parlamentario del PAN manifestó su absoluto rechazo a la iniciativa de Morena que pretende censurar las redes sociales y lamentó que estas sean las prioridades del partido en el Gobierno, en lugar de proponer y aprobar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país.

“Mientras en otros países los congresos están legislando sobre medidas para enfrentar la pandemia, como el fortalecimiento del sector salud, personal médico, infraestructura hospitalaria o vacunas, y en medidas para apoyar a las personas que han perdido su empleo y a los pequeños negocios que son amenazados por cerrar, la prioridad de Morena es regular las redes sociales”, reprocharon las senadoras y los senadores del PAN.

Insistieron en que defenderán siempre los derechos y libertades de las y los mexicanos y advirtieron que la iniciativa presentada por Morena tiene visos autoritarios y sus implicaciones son muy graves.

En ese sentido, señalaron que se pretende facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un ente del Gobierno, a resolver sobre impugnaciones que presenten usuarios contra una red social.

“Primero, se trata de una autoridad que carece de independencia del Ejecutivo federal; segundo, no es una entidad especializada en el derecho a la información, la libertad de expresión y a la protección de datos personales; tercero, le daría al gobierno un instrumento que le permita negar el acceso de una red social al mercado mexicano, o para revocar o no renovar una autorización de funcionamiento, lo que significa un riesgo mayor para la libertad de expresión”, acusaron.

Los rasgos autoritarios de este Gobierno, subrayaron, son cada vez más fuertes, pues les incomodan las voces críticas, los cuestionamientos y las exigencias que se le hacen desde los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que pretenden acallar las voces que señalan el evidente y cada vez más profundo fracaso de este Gobierno en salud, economía, seguridad, derechos humanos y medio ambiente, entre otros.

“¿Cuántos medios de comunicación han sido señalados y criticados por el Gobierno federal? ¿Cuántos comunicadores, analistas, columnistas y periodistas han sido amenazados, acosados y presionados desde el poder?”, cuestionaron.

Esta iniciativa como muchas otras que impulsa Morena, abundaron, va en sentido contrario a la tendencia internacional que promueve la protección de los derechos digitales y de expresión, incluyendo la protección de los datos personales, privilegiando los derechos a la privacidad, la seguridad de los usuarios, la eliminación de la brecha digital y la ampliación de las libertades digitales.

Recordaron que el informe del 2016 del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU identifica como obligación de los Estados “la neutralidad de la red o el principio de que todos los datos de Internet deben ser tratados en pie de igualdad, sin injerencia indebida”, con el fin de que se preserve la libertad de elegir entre distintas fuentes de información.

Además, sostuvieron, la propuesta presentada va en contra de expresiones del propio presidente López Obrador cuando sus convicciones eran otras sobre este tema: “Las benditas redes sociales son un oasis en el desierto”, “con las redes sociales todos tenemos la libertad para manifestarnos y expresarnos”, “es cierto que a veces se abusa, pero con todo y eso es mil veces mejor, un millón de veces mejor para mejorar la libertad de expresión”.

“¿En dónde ha quedado el planteamiento de “prohibido prohibir” y el de la responsabilidad individual como máxima? Llama la atención que lo que antes fueron consideradas “benditas redes sociales”, ahora que le resultan críticas al Gobierno, se pretenda regularlas dotando al Presidente de México de la posibilidad de revocar su permiso de funcionamiento”, indicaron.

“Por todo ello nos manifestamos abiertamente en contra de esta iniciativa y de toda propuesta que busque regular un ámbito más allá de lo establecido en las mejores prácticas y estándares tanto nacionales como internacionales, que le otorgue atribuciones al Estado que no le corresponden en materia de regulación de contenidos y que considere al espacio digital, más que como espacio público, como espacio de concesión, sobre regulación y control de parte del gobierno”, finalizaron.