Por Rafael Funes Díaz.- El periodista Francisco Garfias publicó en su columna de Excélsior del 7 de septiembre que “Lo escuchamos en voz de un influyente político del azul: “Ricardo Anaya tiene 80 por ciento de posibilidades de ser candidato presidencial, a menos de que lo descarrilen con un josefinazo…”.

La afirmación al parecer es contundente, el estado de México representó para el PRI de Peña Nieto un campo de experimentación muy útil, se enfrentaban a una candidatura sólida en la persona de Josefina Vázquez que amenazaba objetivamente sus intereses de mantenerse en el poder por seis años más en el estado, ante eso habría que utilizar todos los medios a su alcance para descarrilarla. De esa forma nos enfrentamos al uso faccioso de las instituciones del estado para denostar a su persona, aún y cuando tales acusaciones fueran falsas como finalmente quedó demostrado, pero mientras tanto la calumnia hizo efectos, lograron posicionar a su candidato no como la mejor opción, más bien como el mal menor frente al avance del partido de López.

Al parecer ahora aplican la misma estrategia, más allá de si se está o no de acuerdo con que Ricardo Anaya sea el candidato del PAN a la presidencia, su figura se perfila como una seria amenaza a los intereses transexenales de Peña y su partido, máxime ahora que ha logrado tejer junto con el PRD una potente fuerza político electoral capaz de derrotar al PRI de Peña en la presidencial del 2018.

Para ello a través de la utilización de recursos que evidentemente provienen de las instituciones estatales han filtrado acusaciones sobre enriquecimiento ilícito a la familia de Anaya, tal como lo hicieran con la familia de Josefina Vázquez. Y por otra parte también lo señalan de ser el culpable de la crisis en la cámara de diputados. Hay medios que han llegado al colmo de decir que Anaya con la estrategia desplegada en las cámaras ha dado un “golpe de estado”. (Ricardo Alemán. ¡Golpe de estado de Anaya! Milenio. 5/09/2017).

Ante esta situación al interior del PAN se desató una auténtica tormenta, misma que se veía venir desde días antes. El PRI en el senado se oponía a la propuesta del PAN de que dos senadoras presidieran la mesa directiva, en razón de las posturas radicales de Adriana Díaz y Laura Rojas, los priístas encabezados por Emilio Gamboa en un principio querían presidir tanto la cámara de diputados como la de senadores, después ante la presión de panistas y perredistas cedieron al PAN la mesa directiva del senado, pero por supuesto con alguien que mantuviera una posición menos crítica con el gobierno. Luego del rompimiento con el PAN se dio un hecho inusitado, asumió la presidencia del senado Ernesto Cordero, con el apoyo del PRI y el rechazo de su propio partido. Maniobra ésta que indudablemente beneficia al gobierno de Peña y su partido pues la división que originó al interior del PAN es grave.

Es claro que tal situación es la más conveniente al PRI-Peña, un PAN dividido, con un posible candidato debilitado y el beneplácito por la propuesta de Margarita Zavala. Una figura que, si bien hoy destaca en las encuestas, se presenta como de menor riesgo a los intereses de Peña, que apuntan a situar la contienda del 2018 como lo hicieron en el estado de México, o nosotros (PRI-Peña-Del Mazo) o el fantasma de Morena con López a la cabeza.

Por ello, en ese posible escenario, personajes como José Antonio Meade o Aurelio Nuño buscarán el voto útil de los simpatizantes del PAN.

Finalmente hay que señalar que en medio de esta rebatinga por el poder queda en medio la integración del sistema anticorrupción, que de por si su diseño no es lo más deseable, ahora con todos los señalamientos y jaloneos en torno a la figura del fiscal independiente, nacerá cuestionado y con muy poca credibilidad, a la ciudadanía le costará mucho trabajo creer que ahora si, estas nuevas burocracias renombradas y recicladas combatirán eficazmente la corrupción.