Ciudad de México, 26 de febrero de 2021.- Tras las escandalosas cifras reveladas por el Informe emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la Cuenta Pública 2019, -primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador- emplazamos a la titular de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Paramo, a rendir cuentas y ejercer el papel que les corresponde. El auditor debe auditar y la administración federal debe responder a cada inconsistencia señalada.

El Informe que incomodó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por evidenciar la falta de cálculo, de veracidad y de transparencia en su gobierno sobre el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, debe ser transparentado y explicado, señaló la diputada Marcela Torres Peimbert, coordinadora del Grupo Anticorrupción (GAC), en la Cámara de Diputados.

¿Fue error de metodología de la ASF o los auditores se rindieron ante la presión del Presidente de la República? Cualquiera que sea la respuesta, es imperante poner un alto a la presión ejercida desde Palacio Nacional y dejar que las instituciones hagan su trabajo. No permitiremos que el presidente se salga con la suya: “mandar al diablo a las instituciones”.

Dicho informe evidenció además, el deficiente trabajo que realiza la Secretaría de la Función Pública ya que de 575 mil funcionarios obligados, tan sólo revisó la evolución patrimonial de 92 (o.o2%) y no se implementaron los mecanismos de control necesarios para corroborar siquiera que cumplieran con la presentación de sus declaraciones patrimoniales. Además se contrató a 6 funcionarios de alto nivel que no contaban con el perfil y experiencia requeridos, peor aún, la dependencia encargada de la prevención y combate a la corrupción se resistió a ser revisada, lo que denota no solo incongruencia con sus funciones sino la pone como responsable del desaseo. ¿A qué le tiene miedo?

En la revisión de la cuenta pública 2019 se determinó que se ejercieron de manera irregular más de 44 mil millones de pesos. Según el informe que por cierto, parece que el gobierno quisiera quemar, de las 995 auditorías practicadas únicamente en el 25% no se identificó alguna problemática, mientras que en el 63% de las 775 auditorías restantes se encontraron fallas o errores en la gestión administrativa, en 26% hubo incumplimiento de metas u objetivos de fondos, programas o políticas públicas, en 6% se detectó el desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables y en 2% desvío de recursos financieros, humanos o materiales para fines no previstos en la normatividad. Es decir, en 79 casos (8%) se acreditó el uso indebido de recursos públicos.

Ante este cúmulo de inconsistencias que el Presidente y su principal protectora, quieren convertir en bola de humo, los diputados del Grupo Anticorrupción (GAC), no dejaremos que este informe se archive. Respaldaremos y colaboraremos en cualquier medida y decisión dentro del poder legislativo para que los responsables de que en este país se rinda cuentas, empiecen por el ejemplo y lo hagan sin sesgos partidistas, por encima de cualquier interés, incomode a quien incomode.

Porque los números deben ser aclarados y los responsables de estas incongruencias traducidas en un engaño a la sociedad, participaremos en la mesas de trabajo con los Auditores Especiales responsables convocadas por la Junta Directiva en la Cámara de Diputados.

Y es que las cifras del informe revelan la gravedad del desaseo de los programas emblemáticos de este gobierno, en el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se encontró que 760 beneficiarios cobraban dos becas con objetivos distintos, se realizaron pagos a 68 becarios después de haber fallecido y otros 47 trabajaban en la Secretaría de Bienestar como “servidores de la nación”.

Asimismo, de los expedientes revisados de una muestra aleatoria, no se pudo localizar alrededor del 80% de los supuestos centros de trabajo ya que muchos eran casas-habitación o terrenos, y sólo se pudo comprobar la existencia del 20% de los becarios ya que al resto no los pudieron contactar. En el caso de los “servidores de la nación” además de que no están claras sus funciones, también se detectó que 355 obtuvieron ingresos adicionales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y 147 recibieron pagos duplicados que no corresponden a sus contratos.

La Auditoría también detectó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 186.7 millones de pesos por irregularidades en el manejo del programa “Atención al Deporte”, a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como la adjudicación de contratos a modo y moches de una empresa a funcionarios públicos.

Sobre la refinería Dos Bocas, el informe revela irregularidades por más de 17 millones de pesos por sobrecostos en los conceptos de desmonte del terreno y acarreo de desperdicios.

El Grupo Anticorrupción (GAC) está integrado por las y los diputados de Acción Nacional: Marcela Torres, Juan Carlos Romero Hicks, Verónica Sobrado, Éctor Jaime Ramírez Barba, Josefina Salazar, Saraí Núñez, Patricia Terrazas, Jorge Arturo Espadas, Alejandra García Morlan, Gloria Romero, María Eugenia Espinosa, Ernesto Ruffo y Ángeles Ayala.