Marcos Pérez Esquer.- Tremenda metida de pata dio el titular de la Auditoria Superior de la Federación la semana pasada cuando salió a los medios de comunicación a decir que había un error de metodología en el cálculo del costo que tuvo la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Ni dos días habían pasado desde la presentación ante la Cámara de Diputados de su informe de resultados de la revisión de la cuenta pública 2019, cuando tuvo que hacer estas declaraciones.

Eso, claro, tras el regaño del que fue objeto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que al día siguiente de que se diera a conocer el informe ya estaba diciendo, con mueca burlona de por medio, que él tenía otros datos.

De hecho, tras los infundados dichos del presidente, diputados de Morena, obsequiosos con él como suelen ser, ni tardos ni perezosos (al menos no para esto), enviaron un oficio a la Unidad de Evaluación y Control, que es la instancia de la Cámara de Diputados que supervisa el trabajo técnico de la Auditoria Superior de la Federación, ordenándole realizar investigaciones “en contra” de los servidores públicos que reconocieron inconsistencias en la cuantificación realizada en relación con la suspensión y cierre del proyecto de aeropuerto en Texcoco, y señalando concretamente a tres de ellos: el auditor especial de desempeño, y dos de sus colaboradores.

Pero apenas al día siguiente el presidente de la República hizo lo propio y envió un oficio similar a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Dulce María Sauri, pidiéndole actuar contra quien resultare responsable de esto en la Auditoria Superior.

Ya con este posicionamiento presidencial, que de suyo exhala un poderoso tufo autoritario, y hasta represor, los legisladores cuatroteístas se han ido a la yugular del titular de la Auditoria Superior, David Colmenares. Esto, no obstante que este servidor público ya hizo renunciar a su auditor especial de desempeño.

La primera duda que nos asalta es si el Auditor Superior reconoció un error porque en efecto el error existió, o si en realidad tal error no existe, pero ha sido amenazado (o se sintió amenazado), y prefiere retractarse que enfrentarse a la poderosa maquinara de persecución que el actual gobierno ha desplegado contra sus detractores.

Pero más allá de eso, llama mucho la atención el cinismo gubernamental. El argumento del presidente es de risa loca; señala en su oficio que debe investigarse el asunto porque ve una “intencionalidad política”, ya que el costo de cancelar el aeropuerto no fue de 332 mil millones de pesos como señala ese informe, sino tan solo de 110 mil millones de pesos.

Con los ojos cuadrados nos ha dejado el presidente con esa tremenda aseveración. Más allá de que sean 300 mil o 110 mil millones, de cualquier manera es un mundo de dinero. Suponiendo que en efecto se trate de la cifra que señala el presidente, aún así, estamos hablando de una cantidad que habría sido suficiente como para comprar el doble de las vacunas Covid-19 que México requiere para toda su población.

Como sea, este incidente interinstitucional, le servirá al gobierno para deslegitimar cualquier dato o resultado que emita la Auditoria Superior en el futuro. Vaya, de “Superior”, le quedará ya muy poco. Ha quedado totalmente deslegitimada sin importar que mas allá de un posible error (y eso aún está por verse), en general, se había caracterizado por ser independiente y muy profesional.

Lamentable situación sin duda, pero más lamentable aún, sería el hecho de que se pusiera en marcha un proceso de sustitución del Auditor Superior. Sería lamentable porque, dadas las condiciones en las que estamos, en que Morena tiene amplia mayoría en San Lázaro, no cabe duda de que nombrarían como sucesor de Colmenares a un incondicional más, como han hecho con otras instituciones que se suponía autónomas -como la CNDH-, acabando con cualquier posibilidad de reivindicación institucional.

Lo más preocupante de todo esto pues, es que estamos en la antesala del desmantelamiento de otra de las instituciones fundamentales del Estado mexicano. Este proceso que hemos visto desde el inicio del actual gobierno, y que está acabando con la autonomía de los órganos constitucionalmente autónomos, ahora ha puesto la mira en su siguiente objetivo: la Auditoria Superior de la Federación.