Marcos Pérez Esquer

“Me acuerdo de los tiempos en que solo el crimen organizado amenazaba a los jueces, y no el presidente”. Sergio Sarmiento.

Muy lamentable es lo que está ocurriendo con el encontronazo entre el presidente de México y el Poder Judicial en ocasión de las suspensiones que se han otorgado contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Ya habíamos dicho en este mismo espacio que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo había nacido electrocutada, no porque no se fuese a aprobar en el Congreso, no, eso lo sabíamos, el presidente cuenta con una mayoría servil que estuvo presta para no mover ni una coma a la iniciativa presidencial como lo pidió el propio López Obrador pública y desfachatadamente; la reforma nació electrocutada porque planteaba prácticamente lo mismo que intentó el llamado “Decreto Nahle”, el cual fue echado abajo por el Poder Judicial justo por violar el principio de libre competencia como ahora también ocurre con la reforma legal.

Con ese antecedente de tan solo unos días antes de la reforma a la ley, era obvio que esta reforma sufriría el mismo destino frente a las impugnaciones que evidentemente se interpondrían.

Hasta ahí no hay sorpresa, no pasaron ni 24 horas para que el primer juicio de amparo arrojara una suspensión provisional con efectos generales (en los términos de las nuevas disposiciones de la ley de amparo), pero lo que sí fue sorpresa fue la reacción del presidente de la República que envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte, para que se investigara al juez que otorgó dicha suspensión. Y además -como de costumbre-, despotricó al respecto en su conferencia mañanera.

Llama poderosamente la atención esto, porque con su actitud, el presidente López Obrador no solo incurre en una violación de los derechos del juzgador, sino que doblega al Poder Judicial en su conjunto mediante sutiles amenazas que echan por tierra el principio de la independencia judicial.

Viola los derechos del juez, porque pide que lo investiguen y que se explique su proceder, sin proporcionar elementos que hagan suponer la existencia de algún delito. Nuestro régimen constitucional y de protección de derechos humanos prohíbe que se realicen pesquisas especiales para investigar a una persona con la intención de ver qué cosa se le encuentra; lo correcto es investigar conductas, hechos, que puedan ser constitutivos de delitos, pero no a las personas en general solo para ver si en algo fallaron y entonces sancionarlas.

Pero además, se violan sus derechos no solo como persona, sino como juez, ya que los estándares internacionales en materia de independencia judicial exigen que los juzgadores no estén obligados a informar acerca de los méritos de sus casos a ninguna persona que no forme parte del poder judicial. En el caso, López Obrador, a través del ministro presidente, exige a este juez explicaciones sobre su decisión judicial, y espera que se le informe de ello, atentando ostensiblemente contra ese principio garante del estado de derecho y de la democracia que es la independencia judicial.

El mensaje es muy claro, no solo para los jueces sino incluso para los mismos ministros: si se atreven a resolver asuntos en contra de lo que él considera correcto, se atendrán a sus pesquisas arbitrarias.

A decir verdad, no deberíamos sorprendernos tanto de esta actitud. Ya hemos venido viendo esfuerzos del Ejecutivo por capturar al Poder Judicial. Ahí está el caso del ministro Medina Mora como ejemplo, o los nombramientos de algunos de sus incondicionales tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura, pero también hemos visto cómo califica a los abogados de compañías extranjeras de “traidores a la patria”, y cómo amedrenta a funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación que arrojan resultados incómodos para su gobierno. El presidente confunde los contrapesos institucionales con opositores.

Insisto, el mensaje es claro: todo aquel que ose interponerse en su camino sufrirá su persecución implacable. Ahora le ha tocado a los jueces, y la indiferencia de la gente continúa, porque ya antes fueron los auditores, los abogados, las mujeres que exigían igualdad, los periodistas, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las madres trabajadoras, y hasta los padres de niños con cáncer.

Mañana puedo ser yo, o tú, -pero como en el célebre poema atribuido a Bertolt Brecht- quizá para entonces ya sea demasiado tarde.