Diputados panistas rechazan que desde otro poder se invadan facultades soberanas que solo tiene el Congreso del estado de Tamaulipas
Ciudad de México.- Durante la discusión de Controversia Constitucional que presentó la mayoría de MORENA a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la decisión soberanía del Congreso de Tamaulipas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional mostró su rechazo a esa invasión en las facultades de un estado soberano de la federación.
Así lo expuso el diputado Juan Alejandro Rivera Torres, al hablar a nombre de la Fracción Parlamentario del PAN ante el pleno, en donde explicó que la controversia constitucional impugna reglas de procedimiento que NO invade ninguna facultad de la Cámara de Diputados, ya que únicamente define las reglas procesales que deberá observar su Comisión Instructora local para atender el mandato constitucional y legal de proceder confirme a sus atribuciones en la atención de la declaración de procedencia emitida por esta Cámara.
El proyecto de Controversia Constitucional pretende en realidad impugnar una atribución soberana de las entidades federativas y su facultad constitucional de normar las reglas tendientes a determinar los alcances de las responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas de los servidores públicos locales.
El diputado federal panista aseguró que con la presentación de la controversia no sólo se pretende desconocer una facultad soberana de una entidad federativa, sino que forma parte de una estrategia electoral para ir en contra de un Gobernador electo legítimamente, que ha comparecido puntualmente tanto a esta Cámara de Diputados como ante las instancias competentes a desvirtuar las acusaciones que se le han señalado y que lejos de actuar conforme al debido proceso, se han presentado vicios procedimentales para lucrar políticamente con el tema.
Entre tales vicios expuso los siguientes:
-Comunicar a los órganos de gobierno antes que a la Sección Instructora por parte de la Secretaría General de la Cámara.
-Convocar a una reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sin estar previsto en la normatividad aplicable.
-Reunión de la Sección Instructora en la que la Unidad de Inteligencia Financiera violó el debido proceso al exponer datos falsos y extralimitando sus atribuciones.
Además, Rivera Torres destacó que, en referencia a la figura del desafuero, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de la Nación señala que en el supuesto de que la cámara de diputados señale que ha lugar a proceder en el ejercicio de la acción penal en contra de determinados servidores públicos estatales, ésta declaración no tiene un carácter de aplicación inmediata sino, que debe ser comunicada a las Legislaturas locales a fin de que procedan como corresponda.
“Esta salvaguarda cobra sentido para evitar el riesgo de que el gobierno federal incurra en desvío de poder, es decir en la utilización fraudulenta y abusiva de atribuciones en la aplicación de normas punitivas”, precisó.
El panista subrayó que estamos ante un conjunto normativo congruente y pertinente, que además, tratándose de un tema de derechos humanos, implica la aplicación conforme al principio pro persona, es decir maximizando la protección hacia el justiciable.
“Todo lo anterior, se refuerza con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia del 9 de marzo de 2006, referida a diversa Controversia promovida por esta cámara. En esa sentencia, el supremo tribunal señala que el efecto de la comunicación del desafuero a las legislaturas estatales es para el efecto de que las legislaturas locales ‘puedan eventualmente proceder a determinar su separación del cargo, ´ sin constreñirlas a hacerlo de manera fatal y obligatoria, como es natural, insisto, en un sistema federalista como el que nos rige y la decisión de la Cámara tendrá un efecto meramente declarativo”, dijo.
“Lo que esta Controversia pretende es eliminar un reglamento que aporta certeza y claridad a las partes. Lo anterior a todas luces es un despropósito, por lo que votaremos en contra. Confiamos en que Ustedes también serán consecuentes con el Estado de Derecho y rechazarán esta moción”, finalizó.