Ciudad de México, a 7 de abril de 2021.- Una vez más observamos que el titular del Ejecutivo Federal insiste en expedir reformas a capricho, sin importar que violen el marco legal establecido y las afectaciones que representan para el país y el bolsillo de las y los mexicanos, afirmó la diputada de Acción Nacional, Ángeles Ayala Díaz.

El 26 de marzo de 2021, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, con la cual pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (SENER) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Advirtió la importancia de tener presente que la iniciativa que reforma la Ley de Hidrocarburos contradice los principios y reglas establecidos por la Constitución General de la República, para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos.

“Es claro que, de aprobarse la iniciativa en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal, se estaría violando a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México. Y esto afectaría aún más el deteriorado clima de inversión en el sector energético que se ha presentado desde el inicio de la actual administración”, agregó.

La mayor afectación sería para las empresas con permiso en las actividades de importación, comercialización, distribución y venta al público de gasolinas, diésel y otros combustibles; un mercado en el que es importante mencionar que PEMEX perdió exclusividad de manera formal con la reforma de 2013.

La legisladora panista sostuvo que la iniciativa propone cancelar un permiso otorgado a una empresa, si este representa un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.

Dijo que de acuerdo a juristas y especialistas en materia energética y de hidrocarburos convocados a la mesa de diálogo el 6 de abril del presente año para el análisis de la iniciativa, esta es la modificación que más incertidumbre podría acarrear al sector, toda vez que los tres términos incorporados tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente.

No está claro en la propuesta el procedimiento para establecer la suspensión de permisos. Lo que pretende es que la autoridad pueda suspender permisos ya otorgados. El caso del término de seguridad nacional es muy ambiguo y otorga al Ejecutivo un grado de discrecionalidad muy alto, además de que afecta a toda la cadena de producción, distribución, almacenamiento y comercialización.

Para el caso de los términos de seguridad energética y economía nacional son muy muy amplios, el riesgo es que se podría encuadrar cualquier cosa. Por ejemplo, se podrían eliminar los permisos al considerar que su permanencia va en contra de la actual política en el sector, que tiene como eje rector de la seguridad energética fortalecer a PEMEX y CFE.

La iniciativa contempla que, en caso de suspensión del permiso, una empresa estatal, podrá ser quien maneje y controle las instalaciones. De esta manera se abre la posibilidad de que PEMEX pueda tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos temporal o definitivamente.

En este escenario, en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tenemos la encomienda y responsabilidad, de hacer el análisis de la iniciativa tomando en cuenta los elementos y argumentos que los expertos expusieron en la mesa de diálogo a la que fueron convocados por la Mesa Directiva de dicha Comisión.

De ese diálogo se desprende que la iniciativa, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal, representa un riesgo grave para las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.

En ese sentido, el Poder Legislativo no puede seguir invitando a los diferentes actores interesados y expertos en los temas a dialogar abiertamente, si al final sus puntos de vista van a ser omitidos del proceso de análisis y debate que se presenta al interior de la comisión dictaminadora en turno.

El Congreso de la Unión, los expertos, especialistas y la ciudadanía en general, no pueden seguir legitimando decisiones ya tomadas desde el Poder Ejecutivo. Ese no es el significado de una mesa de diálogo, y mucho menos de un Parlamento Abierto.

Basta recordar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

En estos momentos de crisis no nos podemos permitir generar mayor incertidumbre jurídica. Recordemos que las modificaciones promovidas en el sector eléctrico han sido cuestionadas por los inversionistas nacionales y extranjeros.

Somos una economía abierta que requiere de inversión para crecer y desarrollarse, y para que su sociedad alcance mejores condiciones de vida. En el grupo parlamentario de Acción Nacional seguiremos luchando por un marco legal que privilegie la seguridad jurídica, el estado de derecho y el bienestar familiar.