Por Alejandro Díaz.- Durante buena parte del siglo XIX México transitó entre constitucionalidad y gobiernos de facto. Muchos planes (levantamientos) se sucedieron para cambiar al gobernante en turno, fuera electo o producto de una previa insurrección. Los llamados a las armas usualmente aducían el incumplimiento de la constitución proponiendo regresar a ella, pero también para cambiarla por una nueva. Así pasamos de ser un imperio a una república federal, luego a una centralista, regresamos a la federal, se introdujo una nueva constitución y a los pocos años el propio Presidente Juárez se vio forzado “a darse a sí mismo un golpe de Estado” para mantenerse en el poder pues las condiciones del país no permitían convocar a elecciones.

Después del episodio del Segundo Imperio y el restablecimiento de la república hubo un periodo de paz, continuado a la muerte del Presidente Juárez (1872) y su sustitución por el presidente de la Suprema Corte, Lerdo de Tejada. Pero cuando Lerdo intentó reelegirse, Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec (1876), el último levantamiento exitoso del siglo XIX, bajo el lema de “no reelección” que sabemos fue sólo un pretexto para quedarse 32 años en el poder.

El régimen actual no parece querer imitar a los héroes que menciona -Hidalgo, Juárez, etc.- sino a Lerdo de Tejada, quien valiéndose de artilugios de unos diputados alteró la Constitución y se reeligió. Si bien su intentona fue muy breve, ahora vislumbramos su repetición. Pero como en caso de Lerdo intentar cambiar la constitución puede tener consecuencias no deseables para México. Y no porque surja un caudillo que llame a las armas como hace 145 años pues las condiciones del país son distintas. Y lo son porque durante décadas se han creado instituciones, leyes y disposiciones que permitieron que creciera la confianza que pacificó al país, atrajo a miles de inversionistas y recientemente millones de turistas.

El actual régimen no parece darle importancia ni a la confianza ni a las inversiones, y en ocasiones ni a los compromisos asumidos en el pasado, inclusive firmados por su actual titular. Por distintos caminos busca acotar la operación de organismos autónomos, ya sea nombrando titulares que sean incondicionales (CNDH), restringiendo presupuestos (INAI) o calificándolos como adversarios por el sólo hecho de actuar con independencia (INE). O de plano, amenazando con desaparecer a todos.

Pero intentar cambiar la constitución a través de un artículo transitorio de una ley secundaria es inédito. Lerdo al menos tuvo el valor de hacerlo abiertamente a través de una iniciativa de ley, nunca intentó disfrazarla a través de lo que parece una jugada mañosa. El presidente de la Suprema Corte no puede aceptar extender su nombramiento por dos años más de lo que dice la Constitución, pues violaría la Carta Magna. Más grave aún, abrirá la puerta para que se den otras modificaciones, incluso para extender el mandato del actual inquilino de Palacio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien debe hoy hacer valer la Constitución ante cualquier intento de atropello a sus disposiciones. Debe ser cuidadoso de sus decisiones y declaraciones, sin permitir la intervención dolosa de los otros Poderes. De no hacerlo, México está en peligro de violencia al romperse el orden constitucional.

Debemos recordar que las Constituciones existen no para darle atribuciones a los funcionarios públicos, sino especialmente para que quienes tienen poder sean controlados por los ciudadanos. Son la defensa contra cualquier tipo de tiranía.