Marcos Pérez Esquer.- Una enorme amenaza se cierne sobre nuestro querido México… la amenaza de la delincuencia organizada convertida en gobierno.

Durante toda la campaña electoral recién concluida estuvimos escuchando voces que alertaban sobre la ingerencia del crimen organizado en las elecciones, sobre todo en las de carácter local.

Estuvimos escuchando esas alarmas, pero estuvimos viendo también los ataques arteros y cobardes en contra de candidatas y candidatos de partidos generalmente distintos a Morena y sus aliados. Hubo casos muy sonados como el asesinato de Alma Barragán, candidata a alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, o el homicidio de Abel Murrieta, candidato a alcalde de Cajeme, Sonora, pero fueron nada más y nada menos que 91 personas candidatas o activistas de campañas las que fueron asesinadas.

Todos y cada uno de esos casos igualmente lamentables en términos humanos, pero también sumamente preocupantes en términos políticos.

Salvo por casos emblemáticos como el de Zudikey Rodríguez, candidata a alcaldesa de Valle de Bravo, Estado de México, lo que no vimos con tanta claridad fue la enorme cantidad de personas que fueron amenazadas, a veces incluso “levantadas” (para usar ese eufemismo del cual se echa mano cuando no se quiere decir “secuestradas”), para que dejaran de trabajar por alguna campaña o para que renunciasen a sus candidaturas –como fue el caso de Zudikey-, pero poco a poco se ha ido revelando y documentando que en efecto se trata de una cantidad inmensa de personas. Y no se diga la cantidad de votantes que fueron obligados, sea por la vía de la amenaza o de la compra del voto, a sufragar a favor de Morena o de sus partidos aliados.

Tan solo unos días despues de la jornada electoral del pasado 6 de junio, quien fuere el candidato a gobernador de Sinaloa por la alianza Va por México, reveló datos impactantes en el sentido de que cientos y quizá miles de operadores de campaña había sido “levantados” días antes de la jornada electoral o ese mismo día, para ser liberados esa noche o hasta un par de días después, para evitar que trabajaran durante la elección a favor de esa alianza, es decir, la delincuencia organizada, haciéndole el trabajo sucio a la campaña de Morena en Sinaloa, ¡ni más ni menos que en Sinaloa! El ex candidato dio a conocer también que en todo el Estado de Sinaloa no encontró, después de mucho buscar, a un solo abogado que estuviera dispuesto a presentar denuncias al respecto.

Días después, uno de los directores de la encuestadora México Elige, vertió datos en el sentido de que las encuestas que habían fallado, es decir, las levantadas en Sinaloa, Zacatecas y Sonora, obedecían al hecho de que las encuestas no pueden detectar el efecto que genera la ingerencia de narco durante la jornada electoral.

Esta misma semana, el todavía gobernador de Michoacán, Silvano Aurioles, también ventiló información en el sentido de que el candidato de Morena que lo sucederá en el cargo, ganó su elección con el apoyo del narcotráfico. Más del 70% de los votos que obtuvo ese señor, los captó en los 13 municipios que el crimen organizado controla en Michoacán. Hubo casos –dijo-, en los que una casilla reportó 500 votos a favor de Morena, y cero votos a favor de los demás partidos. Presentó además, grabaciones en las que se evidencian las instrucciones de la delincuencia organizada dictadas al electorado, para que voten por Morena, tomen foto a su boleta, y la muestren a sus operadores.

El caso de Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde (aliado de Morena) y ganador para la gubernatura de San Luis Potosí, es emblemático porque no se trata de un candidato apoyado por el crimen, sino de un sujeto identificado por muchas y muchos como parte del propio crimen organizado.

A todo esto hay que agregar la decisión inconcebible del presidente de la República, de no enfrentar a la delincuencia organizada; “abrazos, no balazos” es su ingenua (o perversa) política de seguridad.

Algo va quedando cada vez mas claro, Morena se está convirtiendo en un Narco-Partido, que hace Narco-Campañas, y que conformará Narco-Gobiernos.

Esta ruta no puede conducirnos a otra cosa que a un Narco-Estado. No se trata ya de funcionarios que aceptan dinero de la delincuencia para hacerse de la vista gorda, no, hoy se trata de verdaderos cómplices, o hasta de integrantes del narcotráfico, gobernándonos. De cara al 2024 habrá que estar especialmente atentos. La alerta está encendida.