Ciudad de México a, 27 de junio de 2021.- El combate a la corrupción, exigencia inaplazable de la población, debe ser efectiva mediante la estricta aplicación de la ley y no únicamente en tema de discursos, encuestas demagógicas y onerosas, o acciones fallidas que sólo consolidan la impunidad de los delincuentes, afirmó el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Caros Romero Hicks, quien agregó que la remoción de la secretaria de la Función Pública confirma el lamentable fracaso de las estrategias contra abusos de autoridad y constante ilegalidad de funcionarios y sus parientes.

Tras la salida de Irma Eréndira Sandoval este gobierno, reacio a la rendición de cuentas y a los controles democráticos y republicanos, el nuevo secretario Roberto Salcedo deberá ir al fondo de los hechos de corrupción que se acumulan sin investigación, ni castigo a los responsables; si el presidente López Obrador quiere enmendar el camino de verdad, debe ordenar una revisión de la actuación de todos los servidores públicos y aplicar la ley sin distingo alguno.

“La funcionaria que hoy deja la titularidad de la SFP nunca tuvo liderazgo en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, nepotismo y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos”, agregó.

Romero Hicks aseguró que ha sido la Sociedad Civil e incluso los medios de comunicación social quienes abrieron las puertas de la denuncia y la verdadera lucha contra la corrupción en un gobierno que prometió no mentir, no robar y no traicionar.

Y agregó que los casos más sonados de corrupción durante esta administración han sido en gran medida denuncias públicas de particulares y la autoridad no ha correspondido con respuestas suficientes y efectivas parta sancionarlos.

La Secretaría de la Función Pública ha quedado mucho a deber a los mexicanos que confiaron en un cambio real con un gobierno que ya se encuentra prácticamente a la mitad de su gestión.

Muchos son los ejemplos acreditados por organizaciones no gubernamentales. Incluso la corrupción habría llegado hasta las oficinas de la SFP con la adquisición de pruebas rápidas para detectar Covid a los empleados de esa dependencia, a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron al IMSS, según cotejo realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La empresa proveedora opera sin empleados y no tiene experiencia en el ramo.

La SFP consintió ocultar por cinco años los contratos para la adquisición de vacunas de COVID-19. Permitió la remodelación de un estadio de béisbol sin cuestionar sus fines. Facilitó que el presidente López Obrador ordenara la importación de combustibles a una empresa acusada de pagar sobornos entre 2015 y 2020.

Durante los primeros nueve meses del 2020, la Administración Pública Federal firmó más de 109 mil contratos, por un total de 333 mil 910 millones de pesos, de los cuales, el 79.3% han sido entregados por la vía de adjudicación directa. Sin siquiera dar a conocer de manera clara las razones que motivan adjudicaciones de esa naturaleza en todos los contratos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2018, el 35 por ciento de las compras del gobierno se hizo por la adjudicación directa, para 2020 se acentuó la discrecionalidad para favorecer a los amigos y aumentó al 43 por ciento la vía de tales contratos.

Desde la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, las diputadas Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González Estrada, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Verónica Sobrado y los diputados Ernesto Ruffo y Éctor Jaime Ramírez Barba, entre otros integrantes del GPPAN, exigimos que la SFP revise la actuación de los servidores públicos encargados por el Ejecutivo Federal de atender las terribles consecuencias que se presentan a causa del virus Covid-19.

“Exhortamos a realizar auditorías de desempeño permanentes a las principales obras que están siendo realizadas por el Ejecutivo Federal, como el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, con el objeto específico de identificar deficiencias de la ejecución de obras y el mal ejercicio de los recursos públicos asignados”, dijo el coordinador panista.

“Es el combate efectivo, sin dedicatorias políticas o consultas irregulares respecto a si se debe o no aplicar la ley, lo que permitirá avanzar en la erradicación verdadera de la corrupción y alentar que la sociedad se desarrolle sin ataduras para superar las agudas crisis que vive México en lo económico, la educación, la inseguridad y la salud”, concluyó Romero Hicks.