Por Alejandro Díaz

La violencia es un vicio asentado en México. Violencia para cometer delitos, para someter a otros y para imponer una voluntad ajena. La practica legítimamente el gobierno pero la ejercen asimismo individuos y grupos que dominan parcelas del territorio sin recato. En México el Estado ya no tiene el monopolio de la violencia.

En los países donde existe Estado de Derecho la autoridad constituida puede imponerse, inclusive con violencia, en los pocos casos que la legislación lo permita, siempre respetando los derechos humanos. Aunque debe permitir expresiones ciudadanas, también está obligado a garantizar que éstas no vulneran el derecho de terceros, cuidado el sano balance.

El problema en México es que desde hace años distintos grupos criminales se han impuesto a las autoridades constitucionales usando todo tipo de métodos: argucias legales, amenazas y corrupción afectan la vida diaria de pueblos y ciudades, incluso en algunos estados, como Sinaloa o Guerrero, de amplias zonas de ellos.

Defienden lo que consideran suyo así sea mal habido o constituya delito. No se tientan el corazón para eliminar a quien ose enfrentárseles. Luchan sin miramientos. Los casos más sangrientos se han dado cuando se ausenta el dirigente al haber sido detenido o eliminado, desatándose la lucha por el control de la organización y de sus territorios. Las víctimas mortales del crimen organizado no han dejado de crecer: de los 30,572 “muertos de Calderón” pasamos a los 42,658 de Peña y a los 89,041 de “muertos de AMLO” en los 30 primeros meses de cada sexenio. Ya no se les combate, se les tolera por la política de “abrazos y no balazos”.

Las mentes ingenuas que creen que los grupos criminales sólo protegen la producción, trasiego y venta de enervantes. No se dan cuenta que su actividad corrompe a la juventud y doblega a policías municipales, estatales y federales, como también a alcaldes y gobernadores. Arman tiroteos contra inocentes causando masacres y mantienen aterrorizadas poblaciones enteras. Aunque el inquilino de Palacio considera que estos grupos “se portan bien” ya que ayudaron a ganar elecciones al partido del gobierno por medios más viles que los del siglo pasado.
Lo que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, intentó mostrarle a dicho inquilino, también sucedió al menos en Guerrero y San Luis Potosí. Grupos armados se impusieron sobre funcionarios electorales y representantes partidistas para elaborar actas que no representaban la voluntad popular. En algunos casos secuestraron y amedrentaron a candidatos para que desistieran, y en una docena de casos en todo el país los eliminaron como en el viejo oeste.

Quienes crean que la violencia es sólo entre narcotraficantes está equivocado. Cierto que defienden territorio y rutas de trasiego, pero ya se diversificaron cobrando derechos de piso, chantajeando y secuestrando. Incluso con la legalización del consumo “recreativo” de la marihuana tendrán oportunidades de negocios lícitos y también de enganchar a usuarios en enervantes más fuertes cuyo comercio sigue siendo ilícito. Si el gobierno federal no rectifica su absurda política podríamos llegar a ser considerados como “Narcoestado” y sufrir consecuencias que pagará una mayoría de ciudadanos pacíficos.

Por mucho que le duela aceptar que su mencionada política es un error, está apenas a tiempo de enmendar lo mal hecho y usar la fuerza pública para garantizar la paz en vez de dedicarla a tareas que nada tienen que ver con su responsabilidad constitucional. Si quiere alcanzar la paz no la podrá alcanzar intentando convencer a los cárteles para que dejen las armas. Éstos sólo entenderán cuando vean un Estado firme y un mando decidido a que el Derecho se sobreponga a las acciones criminales.