Ciudad de México, 07 de octubre de 2021.- La diputada Lizbeth Mata Lozano presentó un exhorto a la Fiscalía General de la República a sujetar su actuación conforme al interés nacional exige, abatiendo la impunidad de los delitos más lesivos al orden público en el ámbito de su competencia, como son los delitos en materia de delincuencia organizada que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado agendas de orden político o partidista.

La legisladora señaló que lejos de atender los asuntos más graves y delicados en esta materia, lo que la ciudadanía observa es a una Fiscalía General de la República concentrada en temas correspondientes más bien a una agenda de orden político partidista, encaminada por el Presidente. “Se observan investigaciones que corresponden a una justicia selectiva, agendas de revancha, como el de los científicos del Conacyt e incluso asuntos de orden familiar”, agregó.

“La política del ejecutivo federal de “Abrazos, no Balazos” se ha hecho extensiva a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República. En tal sentido, incluso se ha señalado por instancias internacionales que una tercera parte del territorio nacional se encuentra bajo control del crimen organizado”, precisó.

Indicó que el documento denominado Hallazgos 2020, realizado por México Evalúa, se destaca que en nuestro país al 29 de septiembre de 2021 hay 92,585 personas desaparecidas, correspondiendo 20,056 al 2020.

“Y qué decir de mi municipio, el municipio de Ensenada, Baja California, un municipio con más de 500 mil habitantes se ha colocado en el sexto lugar de las ciudades más violentas del mundo y tenemos a su alcalde Armando Ayala, omiso y pasivo ante esta situación, sin estrategia de seguridad, omiso ante los actos que sucedieron aquí en esta tribuna, con la eliminación del Programa Fortaseg, un programa dirigido a los municipios, a sus policías y, sobre todo, con beneficios a los ciudadanos”, apuntó.

Al finalizar, añadió que las autoridades en la materia carecen de directrices objetivas y pertinentes correspondientes a una política criminal de Estado, que dé respuesta a la grave situación que en este rubro atraviesa el país. “En los ejercicios de rendición de cuentas de la FGR se da cuenta con un colapso interno y con una ineficacia institucional que se traduce en indicadores insatisfactorios en materia de esclarecimiento de conductas criminales”.