Marcos Pérez Esquer.- Hace unos días escuché al periodista y locutor de radio Ciro Gómez Leyva citar una columna de Olga María Olabuenaga, revelando un dato que me dejó perplejo, así que acudí de inmediato a la fuente original. Se trata de un dato aparecido en su columna de Milenio del pasado lunes 18 de octubre sobre la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en lo que era la base militar de Santa Lucía que, al parecer, extrañamente casi nadie conocíamos.

El comentario señala lo siguiente: “Texcoco iba a tener 120 posiciones, Santa Lucía tendrá 14. La décima parte. ¿Muy pequeñito? Como referencia quizá le sirva saber que Guadalajara tiene 12 posiciones fijas y 15 remotas y el aeropuerto de Atlanta tiene 195. ¿El precio? Texcoco iba a costar 150 mil millones de pesos, Santa Lucía lleva 80 mil, más los 100 mil que según el Presidente costó cancelar Texcoco (aunque la Auditoría dice que más). En voz de los militares a cargo de la obra, si las condiciones lo permiten, en 10 o 15 años Santa Lucía podrá tener otras 14 posiciones y en 2042, 6 más. En conclusión: el Aeropuerto de la Ciudad de México hoy tiene el doble de lo que Santa Lucía jamás tendrá.”

El dato me parece demoledor. Revela que los niveles de ineptitud, pero sobre todo de obstinación y sinsentido que caracterizan al actual gobierno, son de verdadero escándalo.

El número de posiciones que tiene un aeropuerto es una buena forma de medir su tamaño real, su capacidad real. Si el aeropuerto de Texcoco iba a tener 120 posiciones y un costo de 150 mil millones de pesos, eso significa que costaría alrededor de 1,250 millones de pesos por posición. Por su lado, si el aeropuerto de Santa Lucía (ahora Felipe Ángeles) ha costado a la fecha 80 mil millones y tendrá sólo 14 posiciones, significa que cada posición costará más de 5,700 millones de pesos. Eso sin contar aún lo que falta por invertir, cuestión de la que poco o nada se sabe, y no se diga, sin contar el costo de haber cancelado el de Texcoco que importó la friolera de 100 mil millones (la ASF dice que fueron 113 mil). Si consideramos los 100 millones perdidos que el gobierno reconoce abiertamente, tenemos que cada posición del nuevo aeropuerto costaría por lo menos 12,850 millones de pesos, ¡más de diez veces el costo del de Texcoco!, ¿no se suponía que en manos del ejército todo sería más barato porque no habría corrupción?

Para acabarla de amolar, se ha dado a conocer que el ejército tiene la encomienda no solo de construir el nuevo aeropuerto, sino también la de operarlo permanentemente.

Como la Ley de Aeropuertos señala que para ello es preciso ser una sociedad mercantil que obtenga una concesión ofertada por la SCT vía licitación pública, el gobierno dispuso que se creara una empresa de participación estatal mayoritaria, con naturaleza jurídica de sociedad anónima de capital variable, en la que los socios son la Defensa Nacional con el 99% de las acciones, y el Banjército con el 1% de las mismas, denominada “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.”

Cuando esta nueva “empresa mercantil”, le pidió la concesión a la SCT, le argumentó que no era necesaria la licitación pública porque, al tratarse de un asunto de la Defensa Nacional, era un tema de “seguridad nacional”, y pues que, en tratándose de la seguridad nacional cualquier licitación puede ser obviada, así que, ni tarda ni perezosa, la SCT le otorgó la concesión para la construcción y operación del nuevo aeropuerto “civil”.

Todo esto implica que la información relacionada con la operación cotidiana del futuro aeropuerto pueda ser reservada bajo el argumento de la seguridad nacional e interior, como ya se hizo respecto de la información sobre la construcción del mismo, y no porque en realidad sea un tema de seguridad nacional, sino sólo porque es el ejército quien lo construye y opera, como si todo lo que hace el ejército necesariamente sea asunto de seguridad nacional. Un argumento muy endeble.

Todo apunta pues, a que se está creando lo que será un permanente hoyo negro en materia de acceso a la información pública.

Pero más allá de ello, los altísimos costos que está teniendo un proyecto tan pequeño como el de Santa Lucía, y los enormes niveles de opacidad que lo cubren bajo el pretexto de la “seguridad nacional”, no puede dejar de hacernos pensar que en realidad el dinero está volando hacia otra parte, y me temo que no necesariamente a los bolsillos de los militares, o al menos no enteramente. Pero eso sí, volarán más los millones, que los aviones.