Ciudad de México.- El Gobierno y su partido, el PRI, han provocado un grave vacío institucional en las áreas estratégicas y de procuración de justicia, con el claro fin de evadir graves casos de corrupción y para gozar de impunidad en delitos electorales, como son los sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de Pemex, que podrían haberse desviado en las campañas del PRI en 2012.

Así lo expresó el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, quien cuestionó que en medio de los escándalos de corrupción México se encuentra sin titulares en la PGR y la Fiscalía para Delitos Electorales y sin nombramiento en la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción.

“Vemos el regreso del autoritarismo priista cuando el país se encuentra con puros encargados de despacho, que tienen claro, que si llegan hacer algo contra los intereses del PRI-Gobierno de inmediato serían destituidos, que además sólo deben su cargo y su lealtad al Presidente de la República y por si fuera poco tienen reconocida filiación partidista. Esto es el reflejo de un país donde prevalece el vacío institucional, la impunidad y la falta de Estado de Derecho”, añadió.

Cortés Mendoza expuso que la salida de Santiago Niego como Fiscal para Delitos Electorales viene a agudizar la credibilidad y de procuración de justicia en pleno proceso electoral de 2018; incertidumbre de legalidad provocada por las sobradas sospechas de irregularidades cometidas por el PRI en las recientes elecciones como el Estado de México y Coahuila.

Asimismo, no hace sino acrecentar las sospechas de que su remoción obedece a las investigaciones que estaba llevando a cabo sobre el uso ilegal de dinero en la campaña presidencial del 2012, a través de los sobornos de millones de dólares entregados por directivos de Odebrecht al entonces miembro de la campaña de Enrique Peña Nieto y posteriormente Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.

Finalmente, el también Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN reiteró que el Senado de la República debe nombrar fiscales con probada capacidad jurídica, pero sin filiación con partido político alguno. “El difícil contexto por el que atraviesa México obliga a contar con fiscales que gocen de plena autonomía e independencia, para combatir con eficacia la corrupción”, concluyó.