Ciudad de México.- Las políticas públicas que establezca el gobierno mexicano deben de sustentar en el espíritu de beneficio a las mayorías, por ello ante la decisión que próximamente debe resolver el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en torno a la tarifa cero en interconexión en telefonía móvil debe prevalecer el ideal plasmado en la reforma en telecomunicaciones, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Sostuvo que ese espíritu se observa con claridad en el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga al agente económico preponderante a no cobrar tarifa de interconexión “a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red, y para el tráfico que termine en la red de los demás concesionarios”.

“Es en todos los sentidos una decisión de política pública orientada a solucionar las fallas históricas del mercado de las telecomunicaciones, y a brindar mayor accesibilidad y calidad de servicios para todos los usuarios del país” dijo.

Como diputada federal, dijo, mi responsabilidad es favorecer los derechos de los consumidores; este compromiso fue el punto de partida de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones de 2013, la cual hoy se encuentra en una coyuntura transcendental para su éxito.

Agregó que las telecomunicaciones en México tienen una penosa peculiaridad compartida con países como Sierra Leona y Libia, en donde una sola empresa domina más del 60% del sector, de acuerdo con datos del Banco de Información de Telecomunicaciones que publica el IFT.

Explicó que esta circunstancia impulsó a los legisladores a consolidar una reforma constitucional en 2013, que propuso combatir las fallas del mercado y evitar el daño a la competencia y a los consumidores.

“Luego de dos años de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sea la institución encargada de ordenar al sector y trabajar en la consecución de las metas señaladas en los artículos 1 y 6 constitucionales” indicó.

Talavera Hernández reconoció la importancia del fallo de la Corte en el sentido de que reconoció la autonomía del IFT y las facultades que le dieron los propios legisladores para regular con eficiencia el sector.

Refirió que se ha hablado en diferentes momentos, sobre los modelos de costos que se deben utilizar para determinar las tarifas que se pagan unas compañías a otras, en donde la autoridad puede brindar certeza, pero, sobre todo, orden respecto del acceso a insumos esenciales, propios de la interoperabilidad de las redes.

“Si bien estoy de acuerdo en que esta decisión pretenda basarse en un sustento técnico para justificar y rendir cuentas sobre una decisión tan importante, también creo que es imperativo tomar en cuenta que la realidad en México exige para el desarrollo de la sociedad y la competitividad en términos globales, que los derechos a las telecomunicaciones estén sustentados en el principio del bien común” subrayó.

Y es que, el alcance de las telecomunicaciones ha permeado en todos los ámbitos de nuestra vida y lo han hecho tal forma que hoy es un derecho humano considerado fundamental tanto por nuestra Carta Magna como por la ONU, puntualizó.