Por Alejandro Díaz.- Después de tres años de estar insistiendo en hacer lo que se le viene en gana “organiza un ejercicio democrático” en la Cámara de Diputados para justificar lo que quiera se haga. Después de muchas vueltas, muchas órdenes y muchas decepciones, el inquilino de Palacio busca seguir haciendo lo que se propuso desde un principio. No quiere entrar en una discusión técnica que es consciente de perderla, ni le importa el costo ecológico al país y al planeta. Busca reducir el debate sobre generación de energía eléctrica al plano ideológico. Comenzaron, él y su incondicional Bartlett, con medidas administrativas, incluso violando la ley para que su voluntad se llevara a cabo; prefirieron usar las viejas plantas de la CFE -contaminantes y caras- postergando la entrada de plantas eléctricas ecológicas y eficientes por el sólo hecho de ser de propiedad privada.

La ley eléctrica ordenaba priorizar la compra de la energía generada por proveedores con menores costos sobre la de las que tenían costos más elevados, pero así no era su gusto. Cambiaron arbitrariamente el orden de despacho y le dieron prioridad a las obsoletas plantas de la CFE. Cuando las empresas protestaron porque no se seguía lo que marca la ley, en vez de corregir promovieron ajustes legales porque tenían suficientes votos para sacarlos adelante. Cantaron victoria hasta que perdieron los primeros juicios de amparo. No sólo la ley era muy clara al respecto, también lo dice la Constitución, y debe respetarse su mandato. Se disgustó porque no fueron aceptadas como suficientes las medidas administrativas ni las legales, por lo que decidió enviar una iniciativa de reforma constitucional que es la que ahora nos ocupa.

Tres años después de buscar imponer su criterio político sobre cualquier criterio técnico, inclusive sobre compromisos internacionales, ahora finge una consulta como una oportunidad de que los inconformes puedan ejercer el derecho al pataleo. El inquilino de Palacio no piensa ceder un ápice en su iniciativa, pero como sabe que no cuenta con suficientes votos (2/3 partes de los legisladores presentes) en ninguna de las dos Cámaras, usará el ejercicio para ir ganando -comprando- votos hasta que él crea que tiene mayoría calificada.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del Estado fue realmente productiva en buena parte del ‘período neoliberal’, pero a partir de 2019, al dejar de usar energía limpia y barata, comenzó a perder dinero (un experto calcula su costo subió 3 mil millones de dólares cada año). Al darse el aumento de su costo de generación quiere ya elevar precios de inmediato. Además de afectar a los productores privados, incrementó sus propios costos y perjudicó al medio ambiente. Si el inquilino se sale con su iniciativa constitucional tendremos mayores precios de energía para “soportar” a la CFE.

Para colmo, esa empresa ha aumentado la emisión de gases a la atmósfera contraviniendo el Acuerdo de París suscrito por México, y no ha cumplido su obligación de fortalecer la actual red de distribución, lo que ha propiciado apagones en amplias zonas. Si se niega a invertir recursos públicos para realizar inversiones a las que la Constitución le obliga al excluir a particulares, ¿De dónde va a sacar recursos para instalar generadoras eléctricas que requieren mucho más recursos?

Más grave aún que limitar en el presente la generación privada, está limitando el crecimiento futuro de la industria y de la vivienda porque el gobierno no tiene recursos para destinarlos a establecer generadoras y ha destruído la confianza en la seguridad jurídica de la propiedad privada. El país no se merece que su futuro energético sea puesto en jaque.

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