Ciudad de México 21 de febrero de 2022.- La senadora Kenia López Rabadán anunció que presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se retire toda la propaganda engañosa, se suspendan las supuestas “asambleas informativas” y se investigue de dónde provienen los recursos que están utilizando para promover la figura presidencial.

Ningún funcionario de Morena puede estar por encima de la ley, lo único que saben hacer es andar en campaña, porque de resultados no dan ninguno, aseveró en la conferencia de prensa “La Contramañanera”.

“Tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, se ha desatado una campaña personalizada del Presidente de la República”, indicó la panista.

En ese sentido, López Rabadán dijo que los servidores públicos de la 4T se creen ajenos a cumplir con la Constitución y con las leyes, por ello, violaron en múltiples ocasiones la veda electoral e insisten en confundir a la gente haciendo un llamado a un ejercicio que es para retirar del encargo al Presidente, no para ratificarlo.

El INE, expuso, exigió que tanto los gobernadores como los legisladores retiraran las cartas de apoyo y en las que enaltecen las obras realizadas por el Gobierno federal, sin embargo, poco les importó, ya que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México este viernes y queriendo hacer mofa de la sanción del INE, invitó a la ciudadanía a participar en lo que según ella dijo en sus redes, “le prohibieron hablar”.

“Aunque habría que saber si en realidad lo que le prohibieron desde Palacio Nacional es hablar de la corrupción de Pemex, de la ampliación de concesiones de Vidanta, de los vínculos de la familia presidencial con las empresas contratistas del gobierno o de las víctimas de la Línea 12 del Metro, porque de todo ello, ni una sola palabra ha dicho”, señaló.

Respecto a las declaraciones de López Obrador, en las que minimiza las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020 y afirma que en su gobierno no hay ladrones, la senadora panista consideró que es evidentemente que si no reconocen la corrupción no la van a poder corregir.

La ASF ha dicho que hay irregularidades en el Tren Maya, en el aeropuerto, en Segalmex, lo que deja claro que hay un nivel de corrupción altísimo y que se deberán solventar en términos procedimentales y de hacerse, se tendrán que fincar responsabilidades y sancionar, indicó.

“El problema de este gobierno es que no reconoce la altísima corrupción que está sucediendo, y por supuesto si no la reconoce menos la va a poder corregir”, aseveró.

En cuanto a la “Casa Gris”, la también Vicecoordinadora del PAN reiteró que seguirán insistiendo en que la UIF, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), investiguen estos hechos.

Existen algunas contradicciones en las que ha caído la familia presidencial y que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han investigado. Por ejemplo, este fin de semana se hizo público un comunicado de la familia del Presidente en el que se afirmó que había un contrato de arrendamiento pero en el historial de renta de la “Casa Gris”, esta renta no fue registrada en el sistema de Agentes de Bienes Raíces de Houston, recordó.

Según el contrato publicado, la relación contractual duró del 16 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, sin embargo, en el sistema de Agentes de Bienes Raíces de Houston, la casa estuvo fuera del mercado desde el 24 de julio de 2019 y terminó la relación con el cliente el 14 de diciembre del mismo año, añadió la legisladora federal.

“Algo no concuerda en el histórico de fechas que presenta la familia del Presidente. Siguen dando tumbos porque están desesperados en justificar la corrupción y la relación con una de las cinco grandes empresas contratistas de Pemex. Tardaron 24 días en hacer público este supuesto contrato y hay cosas que no cuadran”, enfatizó.

Las advertencias que hizo ayer la nuera del Presidente: “nos reservamos el derecho de tomar acciones legales contra todos los responsables de esta difamación calumniosa”. Esto se puede entender como amenazas y no son propias de un sistema democrático, aseguró.

“La declaración de la familia presidencial es una amenaza al más puro estilo del viejo régimen en contra del periodismo. Desde aquí le decimos a la familia presidencial que no trate de desviar la realidad, la realidad es que vivían en la casa de un alto directivo de una empresa que se beneficia con contratos de Pemex. Nadie debe estar por encima de la ley, ni porque se trate de la familia presidencial”, concluyó la legisladora.