Ciudad de México 23 de febrero de 2022.- A raíz de los casos de corrupción y conflictos de interés que se han presentado a lo largo de este sexenio, donde se involucra a funcionarios, amigos o familiares del gobierno de Morena; el Grupo Parlamentario del PAN, en voz del diputado Rodrigo Sánchez Zepeda, presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, para combatir el conflicto de interés y los delitos de corrupción en nuestro país.

Lo anterior, debido a que el Gobierno que prometió acabar con la corrupción, solo la protege y manipula a su conveniencia, destacan los casos de José Ramón López Beltrán y las inconsistencias originadas al intentar explicar el origen de los recursos de las casas de Houston y los contratos de las empresas proveedoras de Pemex y el Tren Maya, así como el caso de Bartlett, el hijo de Bartlett, Delfina Gómez, Zoé Robledo y Ana Gabriela Guevara, entre muchos otros, un caso familiar es el de Pío López Obrador, recibiendo claramente 1.4 millones de pesos.

“En el Gobierno de López Obrador el conflicto de interés, la opacidad, la corrupción, la manipulación, la mentira y la impunidad, han sido la constante, él mantiene un discurso mañanero obsoleto, predica una cosa y actúa completamente diferente, habla de austeridad sí, pero él vive en un Palacio y su hijo en la mansión de un contratista del Gobierno”, refirió el diputado Sánchez Zepeda, desde la máxima tribuna.

Con esta iniciativa, se sancionará a todo servidor público que mediante su empleo obligue, presione, amenace o induzca para que se otorguen cualquier acto jurídico que produzca algún beneficio económico indebido para sí mismo o para un tercero.

La iniciativa reforman los artículos 48 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, 220, adicionándose una fracción segunda, recorriéndose la segunda para quedar como tercera y se adiciona la fracción cuarta, 221 y 224 del Código Penal Federal, destaca:

Reconocer que la Declaración de Intereses de los altos funcionarios deberá contener la información relacionada con sus familiares por consanguinidad hasta en cuarto grado;
Incluir en las declaraciones los datos que involucren a suegras y suegros así como nueras y yernos de los servidores públicos del alto nivel;
Sancionar a dichos servidores con multa por la cantidad equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la UMA en el caso de que incumplan con su deber de presentar en tiempo y forma con cualquiera de sus respectivas declaraciones;
Actualizar las hipótesis de Ejercicio Abusivo de Funciones y de Tráfico de Influencias, ampliando los supuestos de comisión de dichas faltas, cuando los beneficios ilícitos también se generen a favor del entorno personal de determinados servidores públicos tales como el Presidente de la República o de los secretarios de Estado;
Agregar la consecuencia jurídica a cargo del sentenciado consistente en la reparación integral del daño, que implica medidas de satisfacción adicionales a la cobertura del menoscabo material, como son disculpa pública, garantías de no repetición, entre otras.

A pesar de los distractores que todos los días intenta instrumentar el gobierno de Morena y sus aliados, las y los Diputados del PAN no quitaremos el dedo del renglón: justicia y transparencia, caiga quien caiga, y al costo que sea.

La propuesta de ley fue turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y a la de Justicia, para sus análisis.