Marcos Pérez Esquer.- Eliot Ness y sus “intocables”, fueron apodados así por la prensa, porque eran incorruptibles. Ahora en México, Alejandro Gertz y su brazo derecho, podrían ser apodados así, pero por muy distintas razones. Resultan intocables porque no hay manera de exigirles responsabilidad.

Y es que las conversaciones telefónicas ventiladas esta semana entre el Fiscal General de la República, y su segundo al mando, Juan Ramos, Fiscal Especializado de Control Competencial, son de verdadero escándalo; revelan la probable comisión de diversas faltas administrativas y penales, e incluso también políticas. Pero difícilmente algo pasará.

Desde luego no dejo de lado lo preocupante que de suyo es el hecho de que haya quien se atreva a espiar y extorsionar al mismísimo titular de la FGR. Esta arista del asunto merece toda la atención del Estado Mexicano.

Pero más inquietante resulta lo que de las conversaciones filtradas se desprende; el Fiscal hace uso de su enorme poder para tratar de incidir en el resultado de un juicio penal en el que tiene interés personal al ser parte en carácter de víctima. Se trata del caso derivado de la acusación que el propio Gertz formuló en contra de quien fuere pareja de su hermano (y de la hija de ésta), por el supuesto homicidio por omisión de cuidados en contra de dicho hermano.

Pero más allá del aspecto de fondo en la causa penal, lo que los audios revelan es que Gertz litiga un caso particular haciendo uso de servidores públicos a su cargo, que consigue llevarlo hasta el conocimiento de la Suprema Corte, que trata de incidir en la elaboración de la resolución del juicio de amparo que han solicitado las inculpadas, e incluso que se allega de información clave de manera privilegiada antes de los tiempos legales para ello, vulnerando así el debido proceso. No son pocas cosas cuestionables.

Cierto es -como dice Gertz-, que cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir a la Suprema Corte la atracción de un asunto, sí, pero no a cualquier ciudadano se la conceden. Gertz logra esto por ser quién es como servidor público, y no como ciudadano, y eso se llama abuso de funciones y conflicto de interés, y son faltas administrativas graves, así estipuladas por los artículos 57 y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y constituyen dos de las causas graves que pueden motivar su remoción por parte del Ejecutivo federal de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Amén de que también podría estar incurriendo en delitos como el tráfico de influencias, por ejemplo, y en responsabilidad política por incurrir en actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Por cierto, valdría la pena preguntar al ministro presidente Arturo Zaldívar por qué atrajo un caso que no parece revestir las características especiales de interés o trascendencia para el Estado Mexicano, que es lo que explica la procedencia excepcional de la facultad de atracción. Recordemos que la propia Corte ha señalado que solo revisten interés y trascendencia los asuntos en los que la sociedad en general o los actos de gobierno puedan resultar afectados de manera determinante. ¿Qué es lo que explica que un asunto que no parece cumplir con esos requisitos, haya sido atraído al conocimiento de la Suprema Corte?

Pero la pregunta que salta es: ¿quién puede investigar la conducta del Fiscal? En teoría hay tres posibilidades:

1. Las faltas administrativas tienen que ser investigadas por el titular del Órgano Interno de Control de la FGR, que no depende de la Secretaría de la Función Pública (por tratarse del OIC de un organismo autónomo), pero que al haber sido nombrado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, y ante la posibilidad de que esa misma mayoría lo pueda remover, se antoja difícil algún avance por esta vía.

2. La responsabilidad penal corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. Ahí sí se trata de personal que el propio Gertz nombra y remueve libremente, así que ya nos podemos imaginar la diligencia que imprimirán.

3. Y la responsabilidad política está en manos del Congreso, es decir, de Morena; nada que hacer.

Lo cierto es que ni el Presidente de la República lo removerá, ni el Órgano Interno de Control lo sancionará, ni Asuntos Internos lo investigará, ni Morena permitirá que avance el juicio político que ya fue solicitado. Lo cierto es que el Fiscal y los suyos, son intocables.