Marcos Pérez Esquer.- Morena transcurre de trampa en trampa. Es increíble que un movimiento político que por años centró su discurso en la denuncia del fraude electoral y la ilegalidad en la actuación gubernamental, ahora desde el gobierno, convierta esos vicios en el sello de la casa.

Ahora vemos con toda claridad su hipocresía. Señalaron por años -y lo siguen haciendo-, que les robaron la elección presidencial de 2006, sin que, hasta la fecha, transcurridos ya 16 años, hayan podido presentar prueba alguna de ello. Pero eso que por años y sin pruebas criticaron que hacían sus adversarios, ahora ellos lo hacen con total desparpajo y cinismo.

Y me refiero desde luego, ya no a las elecciones intermedias de renovación de la Cámara de Diputados en 2021, ni a las que ha habido en varias entidades federativas en estos años, en las que también han incurrido en violaciones flagrantes a la ley, sino al proceso de revocación de mandato que está en curso.

Es evidente el despliegue de la operación político-electoral emprendida por el gobierno de la República y su partido, para poner en marcha e incidir en el resultado del proceso revocatorio. Sus trampas y patentes violaciones a la legislación electoral están a la vista, y ni se sonrojan.

Ahí está el uso clientelar y electorero de los programas sociales, obscuros y manipulados como nunca antes se había visto; donde llegan al extremo de adelantar la entrega de apoyos a jóvenes, para que reciban una buena lana justo una semana antes de la jornada comicial. Ahí está también el uso burdo de la estructura de los llamados siervos de la nación, pagada con nuestros impuestos, para recabar firmas de apoyo y promover el voto a favor de AMLO. Y ahí está la utilización indiscriminada del aparato del Estado, y todo su poder de comunicación social, en momentos en los que la ley prohíbe la propaganda gubernamental, por estar en etapa electoral.

Pero el colmo es lo que vimos esta semana en el Congreso, cuando, en la aviesa intención de ocultar sus cuitas, y abrirse camino para seguir usando ilegalmente la propaganda gubernamental, aprobaron un decreto que “interpreta” la ley electoral en el sentido de que lo que han hecho y piensan seguir haciendo -como anunciar con bombo y platillo la inauguración el próximo lunes de la central “avionera”-, no constituye propaganda gubernamental, y por lo tanto no viola la ley.

El problema que tienen es que, si hacían una reforma legal, esta ya no operaría para el proceso electoral en marcha porque la Constitución prohíbe la entrada en vigor de reformas electorales durante esa etapa, así que decidieron hacer no una reforma sino un “decreto interpretativo”, pero resulta que si bien esa atribución sigue apareciendo en el texto constitucional, lo cierto es que se trata de una reminiscencia histórica traída de la Constitución de 1824 que ya no encaja con el entramado de control constitucional que nos hemos dado durante el último siglo en el cual la interpretación de la ley le corresponde al Poder Judicial.

Es decir, echan mano de una palabrita que por omisión el Constituyente Permanente no ha removido del texto constitucional, pero que ya no engarza con el sistema legal de hoy, para justificar un atropello, porque, además, la interpretación también viola la Constitución en el fondo, ya que asume que no será considerada como propaganda gubernamental toda aquella que sea de interés público, abriendo la gama de temas en los que pueden usar el erario para comunicación política, mucho más allá de los temas de educación, salud y protección civil que son únicos que la Constitución permite durante estos procesos revocatorios. Todo esto sin considerar que, para colmo, también violan la Constitución en el trámite, porque es la propia Constitución la que alude al concepto de propaganda gubernamental, por lo que, en realidad no están interpretando la ley, sino la propia Carta Magna, por lo cual, en todo caso, para aprobar ese decreto “interpretativo”, se habría requerido mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y la votación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados.

Así pues, trastabillando en total apuro, una semana antes de la inauguración del aeropuerto, emiten este decreto para seguir violando la ley, y seguir haciendo fraude electoral con total impunidad.

He ahí, a los que por años y con dedo flamígero han denunciado fraudes electorales incluso donde no los había, defraudando la ley electoral con total impudicia. Hipócritas.