Ciudad de México.- El senador Héctor Larios Córdova presentó una iniciativa de reformas legales para transparentar la actuación de las sociedades mercantiles, particularmente de las sociedades anónimas (S.A.) y de las sociedades de responsabilidad limitada (S. de R. L.), con el fin de combatir el lavado de dinero.

Larios Córdova, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, explicó que se busca reformar la Ley General de Sociedades Mercantiles, para establecer la obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes sociales entre accionistas.

“Las sociedades deberán asentar en sus libros corporativos el cambio de su estructura accionaria, identificando al beneficiario final o accionista de control”, dijo, al presentar su propuesta ante el pleno.

Dicha difusión, continuó, deberá darse por medio de un aviso en el sistema electrónico, el cual deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, que está a cargo de la Secretaría de Economía, en observancia al artículo 50 Bis del Código de Comercio, transparentando las transmisiones correspondientes.

El senador por Sonora señaló que esta iniciativa forma parte de los compromisos establecidos por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en inglés), organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete, del que México forma parte a partir del año 2000.

Larios Córdova recordó que, en abril de 1990, el GAFI emitió 40 recomendaciones con la finalidad de proporcionar un esquema de medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fijando un modelo internacional que los países deberían implementar por medio de acciones adaptadas a circunstancias particulares.

Indicó que el GAFI recomienda que, como parte del proceso para asegurar la existencia de una transparencia adecuada sobre las personas morales, en específico las de naturaleza mercantil, los países deben contar con registros públicos con información actualizada, incluyendo las de sus accionistas, generando espacios de cooperación internacional para acceder a dicha información, identificando al beneficiario final.

Remarcó que México cumple con cada uno de los criterios, con excepción de este último, ya que no existe disposición legal que regule la obligación por parte de las personas morales de informar a las autoridades tal situación, limitándose a integrar un registro de accionistas, que no necesariamente se inscribe en el Registro Público de Comercio.

La iniciativa del senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.