Por Alejandro Díaz.- El fracaso del gobierno para lograr la aprobación de la Reforma Eléctrica, la llamada “Ley Bartlett”, tiene una larga historia de deformación de la verdad. No sólo era insostenible la promesa presidencial de que si se aprobaba bajaría el costo de la energía eléctrica sino de la mentirosa denuncia de que las empresas que generan energías limpias abusan de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las empresas nacionales y extranjeras que han invertido en modernas plantas generadoras son más nobles para el medio ambiente que las viejas plantas de la CFE que queman hidrocarburos. Y no sólo son más ecológicas sino además producen electricidad a menores costos, más reducidos a los de la mayoría de las disponibles en México. La producida por plantas nucleares e hidráulicas es limitada porque requiere grandes inversiones en lugares adecuados, pero sobre todo porque las últimas dependen de un recurso escaso: el agua. A pesar de su bajo costo de producción, está sujeto a lluvias y a atender necesidades como el riego y el suministro doméstico.

La CFE realizó durante 55 años (1937-1992) en exclusiva inversiones enormes para dotar de energía a México: decenas de termoeléctricas e hidroeléctricas, una geotérmica y una núcleo eléctrica doble. También invirtió para llevar esa energía a fábricas y viviendas de todo el país, pero demandando cada vez más recursos del presupuesto federal. Durante los últimos regímenes priistas se decide permitir la generación eléctrica a particulares para liberar recursos para atender necesidades básicas de los mexicanos (educación, salud, vivienda) sin descuidar la generación eléctrica. Se reservó la transmisión y la distribución eléctricas como monopolio estatal, fallando terriblemente en la primera de ellas.

Aunque pudiera parecer ilógico en una empresa estatal, la CFE tuvo utilidades durante años antes de la llegada del actual régimen, debidas entre otras cosas a que compraba energía a precios bajos a los generadores privados. Pero todo cambió al llegar el nuevo gobierno.

Sentando las bases para intentar eliminar la producción privada de energía, el inquilino de Palacio aceptó el plan de Manuel Bartlett para una argumentación atractiva. Comenzó por hacer que la CFE dejara de dar números positivos. Hasta 2018 esta empresa productiva del Estado mostró utilidades porque buena parte de la energía que vendía se compraba a la iniciativa privada a precios reducidos. Para mostrar pérdidas de forma inmediata se aumentó la provisión para pensiones y por ello la CFE muestra grandes pérdidas desde ese año.

Ya efectuado el primer paso, su director se quejó de problemas causados por generadores privados y buscó cambiar el orden de despacho para aumentar el uso de termoeléctricas. No le importó dañar al ambiente, y a las propias finanzas de la CFE con tal de sacar a los privados del juego. El propio inquilino de Palacio lo apoyó con medidas legales que enfrentaron numerosos amparos. Ilusamente creyó poder superarlos con una reforma constitucional.

Ahora que ya se desechó esa posibilidad, y que la determinación de la Suprema Corte sustenta la continuación del proceso legal de los amparos es muy posible que la “Ley Bartlett” termine en una absoluta derrota. Como difícilmente van a reconocer errores ni van a permitir que crezca la generación privada, es necesario que la presión ciudadana apoye proteger tanto el ambiente como el Estado de Derecho. Se ganó una batalla pero aún no la guerra.

México necesita reconciliarse para salir adelante. La votación del domingo 18 será comienzo si somos capaces de sostener nuestras demandas al tiempo que ofrecemos apertura y una ruta para encontrar un camino común hacia el futuro.

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