La senadora Adriana Dávila demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de la fosa del ejido de Patrocinio, municipio de Allende, Coahuila en la que se encontraron restos humanos de más de 3 mil personas, “lo que la convierte en el cementerio clandestino más grande del país en los últimos años”.

“Entendemos perfectamente que pudiera parecer un tema de ámbito local; nosotros creemos que no, porque no sabemos el origen de estos cuerpos. No sabemos porque no están las pruebas periciales que nos dirían de dónde vienen estos cuerpos”, asentó.

Durante su participación en la comparecencia de la procuradora General de la República, Arely Gómez, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la legisladora panista indicó que por el número de osamentas encontradas se presume que muchas de esas personas fueron víctimas de trata, concretamente con fines de trabajos forzados, por parte de delincuencia organizada.

Calificó este caso como una “irresponsabilidad” del gobierno de Rubén Moreira, ya que no puede ser que el encargado del área de derechos humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) tenga en su estado problemas como éste y parezca que absolutamente no pasa nada.

“Es increíble que sea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, que reciba premios de todo tipo de organizaciones, felicitando una labor en aparente combate a la trata de personas, pero cuyo producto sólo es el pago de convenios con organizaciones civiles que han lucrado durante mucho tiempo con este tema”, afirmó la senadora por Tlaxcala.