Por Alejandro Díaz.- Todo mundo, tarde o temprano, ha sido objeto de intentos de extorsión, desde las “menores” que se dan en la infancia hasta las verdaderamente graves que suceden en el México de nuestros días. Intentos que cada día que pasa se convierten, en el mejor de los casos, en vasallajes ante fuerzas criminales que buscan aumentar sus ingresos y su poder.

No todo mundo se rinde ante una extorsión pero las consecuencias de no aceptar son muy graves, ya sea para la salud, los bienes, la vida propia o la de sus allegados. Las mentes criminales no respetan valor alguno para conseguir sus objetivos y no les importa destruir para provocar miedo para que los demás cedan sin oposición a sus pretensiones.

Los cárteles criminales ya no se conforman con el tráfico de drogas ni con matar, ahora quieren dominar pueblos, ciudades y regiones enteras. Ahora pretenden acrecentar recursos y dominios también mediante la extorsión. Incluso las iglesias pueblerinas pagan exacciones sobre lo recaudado para las fiestas patronales y así evitar daños a feligreses y a la misma iglesia. Ya hemos visto cómo aguacateros y pescadores se han rendido y pagan semanal o mensualmente cantidades importantes que disminuyen sus ingresos. También hemos visto cómo han asesinado en Tamaulipas, en Chiapas y en otros estados, o han incendiado viñedos en Guanajuato porque se negaron a someterse a la extorsión.

COPARMEX informó que el 16% de sus afiliados han sido extorsionados, número que crece mensualmente, y que para los que la sufren les cuesta una tercera parte de sus ganancias, pagando a los extorsionadores más que los impuestos al propio gobierno. Pocas organizaciones más han dado a conocer cifras entre sus agremiados, pero por lo poco que se filtra se pagan cantidades millonarias cada mes como fruto de la extorsión.

En cualquier país en que exista el Estado de Derecho la extorsión puede ser inhibida mediante la aplicación de la ley a través de la policía y el ministerio público, pero en un disminuido Estado como en el que ahora estamos viviendo, esa opción es poco efectiva. Si le agregamos la presencia ominosa del crimen organizado se puede comprender la difícil situación de mala seguridad que hoy vive México.
En estos momentos todos estamos indefensos ante los extorsionadores, en especial cualquiera que destaque como empresario, constructor, agricultor o policía. Destacar pareciera que, más que ser ejemplo para los demás, es una atracción para los criminales para sujetarlos a la extorsión. El éxito pone en peligro a quien destaca.

Mientras no haya un Estado de Derecho en México no hay defensa ante la extorsión; cualquier otra solución será insuficiente cuando no inútil. Construirlo es el primer paso que tenemos que dar. Evidentemente no se hará fácilmente a nivel federal con el actual titular del Ejecutivo, pero aún así hay que insistir. El primer paso que sí es posible dar es a nivel estatal en aquellas entidades que estén dispuestas a formar grupos de tarea, de élite de la policía y el ministerio público para atender discretamente las llamadas de auxilio de quienes sean sujetos de extorsión.

Esto puede hacerse en todos los casos en que sea evidente que no participan los cárteles de la droga porque para combatirlos sería necesaria la intervención federal, ya sea con el ejército o la Fiscalía General de la República. No será una solución mágica en todos los casos locales pero si una aproximación a resolver este problema que se extiende como cáncer en México.

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