Ciudad de México.-La senadora panista María del Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, con el fin de garantizar las libertades y el respeto a los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en nuestro país.

“Ante las políticas migratorias de nuestro vecino país del norte, los mexicanos hemos sido críticos y hemos alzado la voz en contra de las múltiples injusticias y las múltiples violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos paisanos migrantes en los Estados Unidos; no obstante, no reconocemos también las violaciones que autoridades mexicanas cometen en contra de migrantes en territorio nacional”, señaló.

En ese sentido, propuso adicionar el artículo 160 a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para hacerla congruente con los principios que establece nuestra Carta Magna.

Actualmente, explicó, la ley permite que las personas migrantes permanezcan durante plazos excesivos en las estaciones migratorias de nuestro país.

“Al respecto, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención sobre los casos en que las personas permanecieron detenidas cerca de un año hasta que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordena su liberación para regularizar su estancia en el país”, apuntó la legisladora.

Bajo este escenario, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de interponer este medio de defensa contra la deportación, para los que se deberá otorgar una suspensión con el efecto de que ésta no sea ejecutada.

No obstante, agrega la iniciativa, a pesar de ser el instrumento para la defensa de los derechos humanos por excelencia en nuestro país, el artículo 160 de la Ley de Amparo tiene un efecto perjudicial contra las personas migrantes, ya que si bien suspende la ejecución de este tipo de actos, genera que la persona permanezca recluida al interior de las estaciones migratorias durante todo el tiempo que dura el juicio, por lo que la libertad queda a disposición del juzgador de amparo, pero en el lugar donde se encuentra la persona detenida.

Por ello, agregó la senadora, es necesario reformar el artículo 160 de la Ley de Amparo para que en los casos de deportación, se indique que la orden no deberá ejecutarse o deberá cesar su ejecución y evitar que la persona permanezca recluida, violando con ello los plazos constitucionales.

“Un país que respeta el principio pro persona es un país también que respeta los derechos humanos de los migrantes, que con esa calidad se internan en nuestro país con el afán de tener una mejor opción de vida en su desarrollo. Es por ello que consideramos importante hacer esta reforma a nuestra Ley de Amparo, para poder hacerla congruente con los principios que establece nuestra Constitución”, espuso Ortega Martínez.

La iniciativa, que suscribieron los senadores de Acción Nacional Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su estudio y dictaminación.