Ciudad de México 26 de julio de 2022.- El diputado Gabriel Quadri de la Torre, presentó ante la Fiscalía General de la Republica (FGR), una denuncia de carácter presuntamente delictuosos en contra del C. Javier May Rodríguez, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de quien o quienes resulten responsables, por los delitos ambientales y desacatar órdenes judiciales para la construcción del Tren Maya.

“Es una denuncia fundamental, inédita, me parece en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy, muy graves cometidos por la autoridad, y en los cuales, está involucrado el Ejército, algo gravísimo, algo que nunca se había visto en la historia de México, en el cual las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el Presidente, el Presidente López en el caso del Tren Maya”, expuso el Diputado Panista.

Quadri de la Torre explicó que Javier May Rodríguez, director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, responsable del proyecto Tren Maya, está obligado a la realización de todos los actos inherentes a la preparación y ejecución de las obras que comprende el proyecto, ya que es responsable de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel regional, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la tala de la selva mediana en el nuevo trazo del Tramo 5 del Tren Maya, así como determine las medidas de remediación correspondientes, en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

“El Presidente López lo que está haciendo es violando la ley, violando la Constitución y violando la Ley de Seguridad Nacional, para tratar de encubrir los delitos ambientales que está cometiendo en el caso del Tren Maya y, con la finalidad también, de opacar, de establecer un manto de opacidad y corrupción”, expuso ante los medios de comunicación.

La denuncia, plantea las siguientes violaciones:

Al artículo Cuarto de la Constitución, en el que establece el derecho para todos a un medio ambiente sano.

El artículo 73, que le da facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional.

El artículo 89, que define claramente que el Presidente de la República solamente tiene facultades en materia de seguridad nacional, en los términos que establezcan las leyes.

“El Presidente López está violando la Ley de Seguridad Nacional en sus artículos 3 y 5, en donde ya claramente se establecen los casos en los cuales se puede ver afectada la seguridad nacional y las cosas, proyectos o acciones, decisiones o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, en ningún momento la Ley de Seguridad Nacional prevé que un proyecto como es el caso del Tren Maya, puede hacer objeto de declaratoria de seguridad nacional”, explicó.

El Código Penal establece claramente sus artículos 418 y 420 quater como delitos ambientales con penas de cárcel, la deforestación, la destrucción de la vegetación del arbolado, sin los permisos correspondientes y esto está ocurriendo en Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, a manos del Ejército Mexicano.

Se incurre en responsabilidades por incumplir suspensiones, de acuerdo con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo que prevé que se “impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca una suspensión debidamente notificada”.

“Entonces, estamos ante una situación en la cual el Presidente López, el Presidente de la República, directamente está ordenando y llevando al ejército a ubicarse en una posición de delincuente ambiental, violando el Código Penal, violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Amparo, algo gravísimo que nunca había ocurrido”, consideró Gabriel Quadri.

Ante los medios de comunicación, el Diputado consideró que es una situación parecida a la que ocurre en dictaduras como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Corea del Norte, en la cual se le dan al Ejército negocios, contratos y proyectos con la finalidad de comprarlo para seguir apoyando o mantener la legitimidad de esos dictadores de los cuales hemos hablado.

“Entonces, es una situación peligrosa, tiene como contexto la militarización del país, implica por primera vez, por primera vez delitos ambientales, en este caso, cometidos por el Ejército”, afirmó.

Por último, agregó que la Fiscalía tendrá que investigar e ir fincando responsabilidades para también, llevar a juicio a las personas responsables, aunque sean parte de las Fuerzas Armadas.