Por Alejandro Díaz.- A pesar del ominoso anuncio del inquilino de Palacio de que el próximo 16 de septiembre “dará un anuncio”, México no debe resignarse a retroceder 50 años con un plumazo de ganso. El anuncio presidencial ya ha desatado alarmas entre financieros, articulistas e inversionistas… aunque en el fondo también deberá preocupar a quienes dependen de un empleo porque más pronto que tarde éstos van a escasear, y serán mal pagados.

Con la entrada de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986 el país comenzó a abrir su economía al mundo para ocho años después incorporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLC. A partir de 1994, a pesar del error de diciembre de ese año, el TLC probó ser un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera, incluso la extra regional, al permitir el acceso a un enorme mercado además de dar mayor certeza al Estado de Derecho. Se crearon cientos de miles de empleos bien pagados, se aprovechó mano de obra calificada y se abrió el futuro para muchos. Dejamos de ser mono exportadores, recibimos tecnología y oportunidades para pequeños negocios; mejoramos la balanza de pagos y millones salieron de la pobreza. La renegociación en el sexenio anterior convirtió el TLC en T-MEC, mismo que fue ratificado en 2018 por el Senado y el actual titular del Ejecutivo.

Ahora que los otros dos países firmantes del T-MEC han presentado quejas formales a diversos actos gubernamentales (acciones, reglamentos y leyes) se inicia un largo proceso que puede resultar en determinaciones contra México. Aunque el inquilino de Palacio se burló de cualquier consecuencia adversa, la verdad es que puede resultar desastrosa para el país, especialmente si se establecen aranceles que encarecerían nuestros productos, limitando su competitividad, forzando paros de producción y, por supuesto, desempleo.

¿Puede México argumentar que no hay violaciones al T-MEC sólo en base al capítulo 8 que habla de la soberanía sobre los hidrocarburos del subsuelo? Seguramente los mexicanos apoyamos este punto aunque algunos dirán “de que sirve tener hidrocarburos que no podemos extraer” para justificar su extracción por particulares con tecnología para hacerlo y que demandarían parte del valor extraído, pero ese es otro debate.

Difícilmente podrá nadie argumentar que la generación eléctrica de fuentes no contaminantes (eólica y solar), a pesar de no ser de propiedad estatal, puede ser incluida en ese capítulo 8. El inquilino de Palacio ha emprendido una defensa absurda de la Comisión Federal de Electricidad, incluso en contra de la salud ciudadana y la del planeta, priorizando el estatismo sobre la economía familiar. Reglas arbitrarias de despacho, sin lógica económica, que van en total oposición no sólo contra la economía sino contra la ecología y el libre comercio; este último punto es una inconformidad planteada.

Otras inconformidades son cientos de permisos para operar inversiones terminadas, incluso para autoabasto, que esperan ya muchos meses o años la aprobación gubernamental. También, por supuesto nadie puede intentar nuevas inversiones en varias partes del país aunque exista demanda eléctrica no satisfecha.

El inquilino de Palacio juega con fuego. Ondeando una bandera ideológica en contra de la lógica, la ecología y la economía está dispuesto a envolverse en ella aunque arrastre al país a un retraso de medio siglo, al aumento de la pobreza y a convertir a México en un paria al que ningún inversionista volteará a ver ni siquiera como posibilidad.

Tenemos que defender la permanencia de México al T-MEC no por la inquietud de los actuales socios, sino por el bienestar de los mexicanos.

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