Ciudad de México 4 de agosto de 2022.- El Tren Maya es una ocurrencia más al margen de la ley del presidente de la República y su gobierno, ya que es un proyecto sin planeación, estudios técnicos, impacto ambiental, transparencia y sin futuro, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Al participar en la conferencia de prensa titulada “Tren Maya: delitos, desacato, mentiras, corrupción, militarización e impunidad”, organizada por el diputado federal y coordinador Nacional de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático, Gabriel Quadri, y el experto, José Luis Luege Tamargo, destacó que lo de esta obra es lo mismo que ocurrió con la remodelación del Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.

“Si alguna vez llegase a terminarse el tren, éste será un elefante blanco de lo más caro de la historia de México. Los especialistas dicen que siempre va a requerir subsidios para su eventual operación, igual que la refinería de Dos Bocas ya inaugurada, aunque todavía no refina y que pronto no va a refinar ni siquiera un litro de gasolina. Igual que el recién remodelado aeropuerto de Santa Lucía, el cual para operar este año está requiriendo mil 370 millones de pesos de subsidio que no están sirviendo para las y los mexicanos”, sostuvo.

Cortés Mendoza aseguró que entregar la administración del Tren Maya a los militares para garantizar sus pensiones es sencillamente un engaño, porque nunca tendrá ganancias. “El Tren Maya está ejemplificando la constante del gobierno: la permanente violación de la ley y el despilfarro brutal, similar a los gastos faraónicos de los gobiernos de Echeverría y de López Portillo”.

Además, indicó, hay una absoluta falta de transparencia y control del gasto, ya que el 90 por ciento de las obras han sido por asignación directa, cuando en su Plan Nacional de Desarrollo se había comprometido que se acabarían las adjudicaciones directas.

Tampoco hay licitaciones de por medio y por si fuera poco se va a ocultar toda la información bajo el amparo de que se trata de un proyecto de seguridad nacional, así de burdo, burlando la ley y al Poder Judicial.

“El gobierno no puede ni debe seguir colocándose por encima de la ley, el desarrollo nacional no puede estar sujeto a la aspiración de un hombre, al capricho de un hombre o a la idea del mismo, sin estudios técnicos, sin proyectos. México requiere de instituciones fuertes, de contrapesos sólidos al poder presidencial”, expresó.

El líder panista dijo que cuando el Jefe del Ejecutivo se impone sobre el Poder Judicial y el Legislativo, estamos entrando a una dictadura, porque no se respeta la separación de Poderes.

Añadió que el PAN está a favor del desarrollo sustentable y los gobiernos de Acción Nacional en Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, han demostrado que se pueden generar oportunidades para la gente y que puede haber un cambio de rumbo haciendo las cosas bien, cumpliendo con la ley, respetando el medio ambiente y aprovechando sus recursos, pero de manera responsable.

Por su parte, Quadri expuso con amplitud las violaciones a la Constitución, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, y al Código Penal Federal, por parte del presidente de la República, Fonatur y el Ejército, por lo que deben procesarse penalmente a los implicados.

Destacó que el delito ambiental implica de 8 a 9 años de cárcel y el desacato se castiga con cárcel de 5 a 10 años.

Quadri señaló que el argumento de seguridad nacional, empleado por el gobierno federal para blindar al Tren Maya, es una coartada, porque al Ejecutivo no le corresponde inventar conceptos que le competen solo al Congreso.

Añadió que esta obra costará a los mexicanos más de 400 mil millones de pesos, por lo que no es rentable para el país.

En tanto, Luege Tamargo enfatizó las graves violaciones al impacto ambiental, al violarse Ley de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, y el Código Penal Federal, por haber iniciado la obra sin la aprobación del impacto ambiental, así como las afectaciones a la selva en el tramo 5, que perfectamente pudiera haber ido sobre la vialidad, sobre la zona federal de la carretera de Cancún-Tulum.