Por Alejandro Díaz.- Si el inquilino de Palacio sigue aferrado a su política de “abrazos y no balazos” sin procurar cambiarla, el Estado Mexicano se reducirá aún más. Funcionarios norteamericanos calculan que una tercera parte del territorio nacional ya está bajo el dominio del crimen organizado (CO), y sabiendo que el gobierno sólo tiene control formal sobre la mitad de la economía (la otra es informal y nadie sabe con exactitud quien la controla), resulta que el Estado Mexicano controla muy poco del país.

No sólo hay vastas regiones serranas sometidas al CO, también algunas zonas costeras, varias ciudades, muchos pueblos, así como carreteras y caminos. Especialmente a lo largo del sistema carretero es muy fácil sorprender a conductores que viajen solitarios, apartados del grueso del tráfico, por regiones poco pobladas. Un accidente fingido o un tronco atravesado son viejas tácticas que aún se emplean para sorprender a personas poco maliciosas que siguen cayendo. Las patrullas de la Guardia Nacional podrían ayudar si estuvieran disponibles, pero con tantos kilómetros a recorrer sería un milagro que aparecieran cuando se necesita.

Por eso, cada vez menos conductores manejan de noche en el país. Quienes están obligados a hacerlo por razones de trabajo, sean autobuses o vehículos de carga, siempre toman precauciones viajando en convoyes o usando la radiocomunicación. La gran mayoría de personas evita manejar después de la puesta del sol.

Si bien no hay un estudio profundo sobre la inseguridad en el transporte y su impacto en la economía, es un costo que debe ser agregado al que tiene el cobro de piso en las zonas controladas por el CO. Estos efectos combinados tienen un gran impacto en la inflación. Todo encarece por falta de garantías del Estado. Los pagos por derecho de piso encarecen producción y precios de venta en los lugares de consumo, pero hay que añadir los sobrecostos por la inseguridad en la transportación.

La inflación en México ya superó a la de nuestro mayor socio comercial por lo que no puede ya argumentarse que nuestro proceso inflacionario es importado; y uno de los factores no mencionados es la inseguridad. Lo que lastima más es que la inflación le pega en mayor grado a los más pobres. Por supuesto el INEGI nunca va a publicar las cifras de inflación para la clase menos afortunada, y menos porque apuntarían en dirección contraria a lo pregonado por el inquilino de Palacio.

De por sí en el país está creciendo la posibilidad de que se ahonde la crisis económica por la falta de inversión, y por tanto de generación de empleos, justo cuando millones de jóvenes llegaron a la edad laboral. Las cifras de desempleo se agravaron con la pandemia de COVID, alcanzando niveles alarmantes. Si al desempleo se le añade una gran inflación para las clases populares, se cocina una crisis de dimensiones no conocidas.

El desgobierno actual ha descuidado sus obligaciones en Salud, Educación, Seguridad y creación de empleos con el pretexto de combatir la corrupción y “privilegiar a los pobres”. Ha logrado el efecto contrario. Por supuesto, no ha terminado con la corrupción, sólo la hizo a modo “para los compañeros de causa” al terminar las asignaciones por concurso y otorgarlas directamente. Además, sí afectó al sistema de salud que atendía a quienes tienen menos recursos, al sistema educativo que atiende a clases trabajadoras, a la creación de empleos, en especial en la construcción, y ahora queda claro que al descuidar la seguridad también afectó a los más pobres. Y todo por ser criminalmente omiso.

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