Por Rafael Morgan.- Aunque pareciera que aquí se han estado presentando “verdades de Perogrullo” al enumerar las muy numerosas consecuencias de la violencia en México, lo que se pretende es insistir en que se enfoque todo el problema en su conjunto, desde sus causas y orígenes hasta los últimos daños colaterales. Se requiere una Política de Gobierno con presupuesto suficiente, estrategias, planes y acciones en conjunto, en los que se convoque e involucre a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad toda, pues si el problema es complejo en sí mismo, la solución no puede ser tan simple como “abrazos, no balazos”, propuesta que sólo ha servido para que delincuentes, carteles y capos se posicionen más, no sólo por las armas y el terror, sino hasta por convencer a hombres, mujeres y hasta niños a unirse a las diversas bandas que pululan en ciudades, pueblos y rancherías, pues se les ofrece dinero suficiente, armas, drogas, viajes y poder sobre vidas y haciendas. En suma, la batalla se está perdiendo, si no es que ya se perdió.

Apenas este mes el Gobierno anunció la creación de un Grupo de Élite en la Guardia Nacional denominado Fuerza Especial de Reacción e Intervención, que actuará en rescate de rehenes, control de explosivos y otros delitos de alto impacto. Pero no deja de ser una decisión aislada, no integrada en un plan nacional coordinado y ordenado, como tampoco lo es la peregrina idea de integrar la Guardia Nacional a la estructura del Ejército.

1. Una consecuencia de la falta de atención y control de la violencia y de los grupos de delincuencia organizada, es el incremento en el consumo de drogas entre los jóvenes, niños y población en general. Según informe de la ONU, publicado el 29 de junio en El Universal, en 8 años el consumo de metanfetaminas se elevó 218% y los principales centros de consumo se ubican a lo largo de la ruta de producción y traslado de los estupefacientes, desde Michoacán hasta la frontera con Estados Unidos en Baja California.

La drogadicción en México es gravísima sobre todo en jóvenes y niños, quienes abandonan estudios y trabajos y se integran a los grupos criminales.

2. Otro elemento de desarraigo y desintegración social lo constituye el fenómeno de los desplazados. Familias enteras violentadas y amenazadas por los delincuentes huyen de su hogar tradicional en pueblos y rancherías y emigran a ciudades o poblaciones vecinas, a donde llegan sin recursos, sin trabajo, sin hogar y pasan a integrar los cinturones de miseria, donde de nuevo son presa fácil de la delincuencia urbana y de la miseria. En su lugar de origen, además de sus antecedentes familiares, podían por lo menos criar gallinas y cerdos, tenían un techo y tal vez alguna parcela para sembrar, y todo lo pierden. Los desplazados son también un problema más causado por el crimen para lo cual no parece haber una atención adecuada por el gobierno.

3. Como la delincuencia organizada es “muy profesional”, no pierde oportunidad de encontrar negocio y ganancia en cualquier necesidad humana, explota así el delito de “trata de personas” para comprar, secuestrar y engañar mujeres, jóvenes y niños, quienes con la esperanza de un mejor futuro se entregan en las garras de narcos y mafiosos que los venden al mejor postor, los explotan sexualmente, o los usan como vendedores de droga al menudeo. Es particularmente dolorosa la trata de niños que irremediablemente pierden su futuro y su vida en estos actos criminales.

4. Otro “negocito” de la delincuencia organizada o no, es el de la explotación y transporte de migrantes a los que cobran miles de pesos para llevarlos y “pasarlos” en frontera y que muchas veces también los usan para el contrabando de drogas, armas y personas. Son ya cientos de muertos en contenedores y “trailers” mal habilitados, en los que fallecen asfixiados o enfermos, con muy pocas repercusiones jurídicas y con total impunidad en la mayoría de los casos.

Quedan por tratar muchos otros problemas de repercusión y daños colaterales, como, por ejemplo, el de los huérfanos que quedan por los asesinatos, el de familias en abandono al encarcelarse a los delincuentes, el de la atención y tratamiento de heridos en los ataques de los sicarios y drogadictos, el del impacto que estos actos causan en la economía, en el empleo y en las inversiones, etc.

Es de esperar que todos sigamos exigiendo a este gobierno para que cumpla con su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos frente a carteles y delincuentes y que no sea con “abrazos, no balazos”