Marcos Pérez Esquer.- La discusión sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública en nuestro país ya se parece al mito de Sísifo. Recurrente, la discusión vuelve al origen como aquel peñasco que Sísifo cargaba hasta la cubre de la montaña solo para ver cómo rodaba cuesta debajo de nuevo una y otra vez en un ciclo eterno. Así estamos en México con esta larga discusión, que data al menos de los años noventa.

Sin embargo, la experiencia histórica e internacional demuestran que la solución de fondo a los problemas de inseguridad no está en la intervención de las fuerzas armadas; esta es, en todo caso, un mero paliativo con el que el gobierno pretende cohonestar su ineptitud. En cualquier democracia moderna la solución de fondo pasa por construir un aparato de justicia sólido, suficiente y confiable, tanto en el ámbito de la prevención, como en el de la procuración y administración de justicia.

Contar pues, con corporaciones policiales civiles fuertes y disciplinadas es indispensable para empezar a vislumbrar un principio de solución definitiva. Así también, se requiere un aparato de procuración de justicia con fiscales y policías ministeriales que hagan investigaciones serias, y no se diga un poder judicial con jueces honestos y profesionales. Todo ello en cantidad y calidad suficientes. Recordemos que a nivel internacional hay un promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes, mientras que en México hay menos de 1 por cada mil, es decir, tendríamos que empezar por triplicar la cantidad de policías para llegar siquiera al promedio mundial. Algo análogo pasa con la cantidad de fiscales y jueces penales.

Por ello, en marzo de 2019, el Congreso le aprobó al presidente de la República una reforma para crear una policía civil denominada Guardia Nacional, y le otorgó un permiso de 5 años para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta en tanto se consolidaba dicha Guardia, y se fortalecían las corporaciones policiales civiles estatales y municipales. Es decir, se redactó en la Constitución un plan concreto para arribar a una solución de fondo consistente en transitar de la militarización a la “civilización” de la seguridad pública.

Sucedió empero, que el presidente no hizo la chamba. Y no solo eso, sino que hizo justo lo contrario; por un lado, lejos de consolidarla como una corporación civil, dotó a la Guardia de un carácter totalmente militar, y por otro lado, abandonó a las corporaciones policiales de Estados y Municipios.

El plan constitucional suponía brindar apoyo a los gobiernos subnacionales en la labor de limpiar y fortalecer a sus policías locales, pero ni remotamente el Ejecutivo hizo lo conducente, sino al contrario, redujo recursos económicos, coordinación y cualquier tipo de colaboración, al grado que eliminó el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad (Fortaseg); primero lo redujo de los 5 mil millones de pesos que tenía en 2018, a 4 mil millones en 2020, y luego a cero pesos a partir de 2021. Pero además, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por su parte, se estancó presupuestalmente en los aproximadamente 8 mil millones de pesos anuales, y de hecho, en términos reales, ha ido a la baja. En 2018 estos dos fondos sumaban 12 mil millones de pesos, y en 2022 menos de 8 mil millones, es decir, los apoyos para la seguridad en los Estados y Municipios se redujeron en más del 50%. Esto, sin entrar ya al tema de las prioridades, porque, si comparamos esta partida de 8 mil millones contra la de los 400 mil millones que costará el Tren Maya, por poner un ejemplo, resulta que a esta obra absurda se le destinan 50 veces más recursos que a la seguridad pública en nuestras comunidades locales. Absolutamente increíble, y totalmente irresponsable. Parece que el presidente cree que en materia de seguridad, México está como Dinamarca.

Pues bien, como no ha hecho la tarea, ahora el Ejecutivo le pide al Congreso que le extienda el permiso para utilizar al Ejército hasta 2028, cuando él ya no esté en el cargo, es decir, lo que está pidiendo es que se le exima desde ahora de siquiera hacer un esfuerzo por fortalecer el aparato de seguridad pública, y pasarle la papa caliente por lo pronto a los militares, y más adelante a su sucesor.

Ante su negligencia, probablemente en algún momento no haya más remedio que extender ese permiso, pero otorgarlo desde ahora implica claudicar de hacer algún esfuerzo de avance por alcanzar el propósito final; sería como renunciar a avanzar, aunque sea un poco, en este tramo final del obradorismo.

Lo que el Congreso debe hacer es lo contrario, presionarlo para que avance todo lo que se pueda, y después ver si se extiende o no dicho permiso, y en su caso, por cuánto tiempo.