Ciudad de México.- Como una larga enfermedad que ha durado ya 5 años, Enrique Peña Nieto y sus diputados del PRI-Verde y sus aliados, no han querido escuchar ni a los ciudadanos, ni a otras fuerzas políticas, ni a la comunidad internacional y en el caso de la Ley de Seguridad Interior –mayoriteada- en el Congreso, llegaremos hasta las últimas consecuencias para evitar que se haga realidad, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Recordó que lo aprobado por EPN y su legisladores está en total conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo que se les probó y demostró a los congresistas quienes decidieron obedecer a su –jefe político- por encima de 123.5 millones de mexicanas y mexicanos.

“Cuando tomamos protesta como legisladores federales, juramos ante la bandera, ante México y ante nuestras propias familias cumplir y hacer cumplir la ley y hoy, al haber votado a favor la Ley de Seguridad Interior, como está planteada, los legisladores traicionaron este principio, porque sabían que en su totalidad, es contraria a los artículos 49 y 73 de la Constitución, no les importó ni su país, ni su buen nombre, ni la posición de México en el mundo” dijo.

Agregó que lo aprobado por el PRI-Verde y sus aliados viola los artículos 49 y 73 constitucionales, relativos a los principios de división de poderes, dado que el Congreso no está facultado para legislar sobre seguridad interior.

Explicó que viola el artículo 16 constitucional, porque “no se funda” el acto legislativo que le dio origen; y carece de legalidad porque ninguna autoridad puede tomar decisiones que no están establecidas en una ley previamente aprobada.

Talavera Hernández refirió que la Ley de Seguridad Interior que suscribieron los legisladores de Peña Nieto, viola además el derecho a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución, al clasificar por completo como asuntos de seguridad nacional, la información que se genere a partir de la aplicación de la Ley, incluso antes de que ello suceda.

La legisladora bajacaliforniana indicó que con independencia de lo anterior y en lo particular, la demanda reclama la invalidez de los artículos 1, 4 fracciones II y IV, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y segundo transitorio de la Ley de Seguridad Interior.

Es impensable que tanto el Presidente de la República como sus diputados y senadores estén dispuestos a violar la ley, por encima de todo un pueblo que busca mejores condiciones de vida, no lo vamos a permitir y confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que esto suceda, dijo.

Puntualizó que los legisladores del PAN, PRD, MC y MORENA le cumplieron a los mexicanos al trabajar coordinadamente para evitar la militarización del país que pondría en indefensión total a la población, en un estado militarizado cubierto por una Ley de Seguridad Interior atentatoria en todo momento a los derechos humanos de la sociedad.