Ciudad de México 5 de octubre de 2022.- En el comunicado publicado por el GPPAN Federal acerca de la autorización dada por el presidente para importar alimentos sin  control sanitario, señala que la ley obliga de manera estricta a implementar mecanismos de control sanitario de los alimentos en todo el territorio nacional, puesto que, la salud de millones correría peligro si llegan al país alimentos en mal estado o contaminados; se requiere de un proceso técnico a cargo de las instituciones sanitarias, COFEPRIS y SENASICA, para garantizar que los alimentos que consumen los mexicanos son aptos para consumo humano.

Agrega que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)[1], los sistemas nacionales de control alimentario velan por que los alimentos disponibles en un país sean inocuos, sanos y aptos para el consumo humano y por un etiquetado honesto y preciso de conformidad con lo establecido en la ley.

Por lo tanto -señalan- estos sistemas protegen la salud y seguridad de los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, y por ello, los principales objetivos de los sistemas nacionales de control de los alimentos son los siguientes:

• Proteger la salud pública reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos;
• Proteger a los consumidores de alimentos insalubres, malsanos, indebidamente etiquetados o adulterados;
• Contribuir al desarrollo económico manteniendo la confianza de los consumidores en el sistema alimentario y estableciendo una base normativa sólida para el comercio nacional e internacional de alimentos.

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS)[2] menciona que, las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados.

Los diputados panistas advierten que los alimentos contaminados pueden causar desde diarrea grave o infecciones debilitantes, como la meningitis, pasando por intoxicaciones agudas o hasta enfermedades de larga duración, como el cáncer.

En el comunicado afirman que el control sanitario de los alimentos y productos para su obtención es indispensable para la población, por ejemplo, en el caso de la “gripe aviar”[3], cuando se produce un brote, la verificación de las autoridades sanitarias puede llevar a sacrificar a todas las aves de corral, tanto infectadas como sanas, con el fin de contener la propagación de esta enfermedad. Y aseveran que con el acuerdo que pretende implementar el gobierno federal, no habría garantía de que los productores por su cuenta van a tener la capacidad o la voluntad de proteger la salud de la población a costa de sus intereses económicos.

El GPPAN subraya que se requieren de instituciones técnicas, autónomas, con capacidad de gestión y supervisión, que puedan proteger nuestra salud; y hacen ver que por el contrario, el Presidente se empeña en destruir instituciones como COFEPRIS o SENASICA, para ahorrarse costos y poder utilizar esos recursos en sus proyectos faraónicos.

Destacan además que mientras en el mundo el control de los peligros derivados de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria ha pasado a desempeñar un papel esencial, el gobierno federal ha demostrado que, por ahorrarse dinero, no le importa el tipo de alimentos que llegan a las mesas de las familias, ni poner en riesgo la salud de los mexicanos.

Advierten que con la suspensión de las normas que rigen la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos, habrá riesgo de que lleguen al país productos contaminados, caducados, no aptos para su consumo, que representan un riesgo sanitario y que pueden poner en riesgo millones de vidas, propagar enfermedades y hasta generar desconfianza en el mundo, por lo que nuestros productos serían rechazados en el mercado internacional.

El GPPAN recuerda que esa política de relajación de las medidas de regulación sanitaria ya se experimentó hace meses en el abasto de medicamentos; la Secretaría de Salud y COFEPRIS dejaron de hacer su trabajo y de inmediato llegaron a México medicamentos de dudosa procedencia, empaquetados en idiomas extranjeros como el lituano y con las fechas de caducidad vencidas, que llegaron a poner en riesgo la vida de personas que los consumieron.

Si se deja de ejercer el control sanitario de los alimentos -señalan- el gobierno federal estará incurriendo en una grave violación a la ley, que deberá ser castigada y tener consecuencias para los servidores públicos que incumplan en su deber de proteger la salud de la población.

El comunicado concluye con la exigencia  al gobierno federal de que cumpla con la ley, más cuando se trata de garantizar la salud de la población, ningún acuerdo de carácter administrativo puede eliminar el control sanitario de los alimentos, sería catastrófico para la salud de millones y podría generar consecuencias para el país en materia económica, que lejos de resolver el problema de la inflación, generarían más costos sociales.