Chihuahua.- La Operación Justicia para Chihuahua abarca 39 expedientes penales, continuará judicializando más carpetas de investigación y va más allá del caso Alejandro Gutiérrez, señaló el Gobernador Javier Corral Jurado.

“No hemos negociado justicia e impunidad, nunca lo vamos a negociar”, dijo el Gobernador en entrevista con Gabriela Warkentin, de “Así las cosas” en W Radio, en relación a versiones periodísticas publicadas, así como en redes sociales, hablando de negociación para frenar el caso Gutiérrez y de riesgos en el debido proceso, luego de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Gobernación.

El mandatario de Chihuahua indicó que hasta hoy se han judicializado solo 16 carpetas de investigación, una de ellas la que involucra al exsecretario general ajunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que, dijo “no es por cierto uno de los casos más relevantes”.

“El Gobierno de Chihuahua está investigando redes de corrupción política con relación a otros peculados electorales y no queremos que al rato vayan a decir: mira ahora, ya volvió a sacar otra cosa, no”, expresó Javier Corral.

Recordó que desde el principio se informó que se abrieron 39 expedientes penales, que hay 16 órdenes de aprehensión cumplimentadas, 15 personas vinculadas a proceso y 5 ya con sentencias condenatorias.

“El exgobernador (César Duarte) solamente acumula 10 órdenes de aprehensión, tenemos otras órdenes de aprehensión pendientes y tenemos otras investigaciones por judicializar porque además pues son entramados muy sofisticados, sobre todo en términos de seguir la ruta del dinero que llevan mucho tiempo”, explicó.

Javier Corral señaló que la Operación Justicia Para Chihuahua, iniciada desde el primer día de su Administración, llevará años, por la cantidad de personas que están involucradas, sobre todo en lo que se refiere a peculados electorales.

“Chihuahua pagó campañas de otros estados, pagó campañas no solamente del PRI estatal de Chihuahua sino de otras entidades”, indicó.

El titular del Ejecutivo estatal dijo también, que desde el propio aparato público se ha tratado de darle una dimensión de negociación indebida al acuerdo.

“A ver –cuestionó y explicó– si nos preguntamos sobre lo que está en el acuerdo pues es lo que corresponde a la ley, es lo que debiera ser la normalidad en un estado democrático (…) que las extradiciones se formulen conforme al convenio que la Procuraduría General de la República y las fiscalías estatales hemos convenido con la Federación”.

Destacó además, que el Gobierno de Chihuahua ha dicho que no tiene nada que ocultar “con todo este cuento que se ha armado de la tortura, porque se ha inventado un supuesto delito de tortura en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”

“Sabemos que hay toda una estrategia no sólo de la defensa sino de las propias instituciones para enderezar o crear ese supuesto delito y entonces se empezó a contaminar el proceso, la propia investigación”, añadió.

Aseguró que hasta ahora no han podido probar, ni lo podrán hacer, que Gutiérrez haya sido torturado en Chihuahua.

“Tan es así que nuestra disposición para que Gutiérrez sea trasladado de un Cereso estatal a uno federal en el estado de Chihuahua y estando sujeto al proceso por el juez de su causa, que es un juez local, se puede dar lo que establece el acuerdo, con una previa certificación que estamos buscando haga el organismo internacional Human Rights Watch”, explicó.

Señaló que para el Gobierno de Chihuahua es muy importante que antes de que Gutiérrez sea trasladado a un Cefereso, se aplique estrictamente el Protocolo de Estambul que implica una certificación, un proceso de distintas pruebas, análisis y estudios, incluso de carácter psicológico y médico.

“Lo que no queremos es que, luego en otro ámbito ya de reclusión, pues se vaya a generar o construir toda una estrategia para decir fue torturado, toda vez que hacia allá se enfocó desde que nosotros salimos a denunciar la represalia, hacia allá se enfocó toda la estrategia”, resaltó.

Recordó que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, que fue el segundo que salió a hablar de la tortura, antes de que se presentara la denuncia en la PGR por parte del abogado defensor de Alejandro Gutiérrez,

“En el inter ya los dirigentes del PRI habían decretado la tortura. José Antonio Meade en Querétaro, de volada enseñando el cobre, porque lo ha dicho públicamente: es amigo de Gutiérrez como es amigo de César Duarte. Como amigo personal, salió a decir que por primera vez en la historia había un gobernador que torturaba”, detalló Javier Corral.

Dijo que después eso mismo lo repitió el coordinador de la precampaña, Aurelio Nuño y luego Enrique Ochoa, el dirigente nacional del PRI.

“Vimos venir una estrategia que al principio suponíamos que sólo era con la intención de generarle un cuestionamiento a la investigación y descalificar una eventual declaración que Gutiérrez pudiera hacer responsabilizando a otras personas de compartir participación en lo que hizo. ¿Por qué? Porque es muy ingenuo pensar que lo que Gutiérrez hizo en Chihuahua de esta operación de triangulación de 250 millones de pesos lo hizo solito y solo lo hizo en Chihuahua”, agregó.

Resaltó que entre las investigaciones le ha preocupado fundamentalmente al régimen, la manera en que la Fiscalía de Chihuahua pudo comprobar la triangulación de recursos públicos depositados por la Secretaría de Hacienda al Gobierno de Chihuahua, sacados de inmediato para que a través de empresas fantasmas, se usaran para financiar al PRI.

En la entrevista con Gabriela Warkentin, Corral consideró que se consiguieron los principales objetivos por los que Chihuahua salió a marchar.

“Para nosotros es muy importante la admisión de la Fiscalía General del Estado como coadyuvante en el proceso de extradición de César Duarte, para cerciorarnos, para asegurarnos de la forma en que se está formulando, solicitando la detención de Duarte, con base por supuesto en las órdenes de aprehensión”, expresó.

Dijo que el objetivo fue muy claro en cuanto a comprometer al Gobierno de la República en un proceso de extradición eficaz, que realmente se formule en términos de ley, como se ha convenido en los tratados federales, para extraditar a César Duarte.

“Ese fue el objetivo más importante que nos propusimos en la caravana. Yo te podría decir incluso que era el objetivo para nosotros no negociable en ningún sentido porque lo de la retención de los recursos, esto fue la represalia, eso fue una consecuencia del verdadero tema que es César Duarte y lo que está en torno de las investigaciones”, indicó el mandatario.

Respecto a la retención de los 900 millones por parte de Hacienda, Javier Correal señaló que fue un atropello fruto de los trabajos de investigación y de combate a la corrupción, una retención que nunca debió haber hecho la Secretaría de Hacienda.

“Yo creo que, al final de cuentas, el movimiento desató una energía política muy importante. No solo en Chihuahua sino en el país, que hizo que el gobierno comprendiera la dimensión de los errores cometidos. Y llámese triunfo o no, como lo quieran ver, nosotros estamos satisfechos de los términos en los que se plasmó el acuerdo”, agregó.