Ciudad de México.- Con la finalidad de evitar que los procesos judiciales que se viven en el núcleo familiar se agudicen o se prolonguen, los diputados María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María García Pérez y Hernán Cortés Berumen, presentaron iniciativa para que los tribunales faciliten la posibilidad de acuerdos conciliatorios que pongan fin a las controversias en cualquier etapa del procedimiento.

En la propuesta se resalta que las autoridades deberán privilegiar el interés del menor por encima del juicio en materia de lo familiar, porque toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegido del sufrimiento, abuso o descuido.

Para ello, la iniciativa plantea la Expedición del Código Nacional de Procedimientos familiares para dar cumplimiento a la reforma del artículo 73 fracción 30, que fue aprobada el pasado mes de septiembre, y faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal, civil y familiar.

En la Sesión Ordinaria de este martes, la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, al hablar en tribuna explicó que los impartidores de justicia procurarán “evitar la realización de prácticas en las que se cause a los menores estrés psicológico, como consecuencia de declaraciones reiteradas, remembranza de hechos, interrogatorios repetidos, intimidantes o dolorosos, que generen incluso demoras innecesarias”.

Toda niña, niño y adolescente, agregó, tiene derecho a expresar libremente sus opiniones o puntos de vista, pero también deben ser tomados en consideración según su edad, madurez y capacidad, sobre todo porque son decisiones que afectan su entorno y desarrollo emocional.

Resaltó que “la injerencia en la vida privada de los niños, niñas y adolescentes, se limitará al mínimo necesario y en ningún caso se publicará información relativa a ellos”.

La Diputada Murguía consideró necesario que las familias mexicanas cuenten con una nueva legislación que permita procedimientos ágiles, transparentes y uniformes en todo el país; medios alternativos en la solución del conflicto; garantía en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad mental o intelectiva y de las personas declaradas en estado de interdicción.