Ciudad de México 2 de febrero de 2023.- En conferencia de prensa, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, señaló que el pasado 24 de enero, la revista Proceso reveló conversaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vía WhatsApp, con sus colaboradores, en las que se observa, entre otros ilícitos, que cuenta con un sistema de espionaje en esa entidad federativa para golpear a sus opositores y a representantes de medios de comunicación, ello documenta el extravío, en el sexenio pasado, en la que fuera la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de un equipo de intervención de comunicaciones de la empresa israelí Rafael Advance Defense Systems LTD, motivo por el cual la ASF abrió un proceso penal el año pasado contra quien fuera el Comisionado de Seguridad Nacional Renato Sales Heredia.

“Esta cadena de sucesos, nos lleva a sospechar que el equipo “extraviado” se podría haber llevado ilegalmente a Campeche, por el hoy Fiscal General de esa entidad y podría implicar algo todavía más grave y que es el hecho de que dicho software pudiera estarse utilizando para realizar campañas falsas de información ya que podría ser la misma plataforma del sistema de explotación de la información e inteligencia por la cual la ASF determinó que existen más de 807 millones pendientes por aclarar.”

La Diputada recordó declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato, constituiría una violación a derechos humanos, así como un delito que debe ser investigado y sancionado, así como de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en las que señaló informes que daban cuenta de un uso generalizado a nivel mundial de tecnologías de vigilancia que estaban siendo utilizadas de manera indebida e ilegal, socavando los derechos humanos y subrayó que los Estados tienen el deber de proteger a las personas de las transgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas.”

“El tema sin duda es delicado considerando que la información publicada por la revista Proceso también muestra que, en el estado de Campeche, no sólo se realizan actividades de espionaje, sino que también se alteran e inventan conversaciones a modo con lo que se presume sería el equipo que la Auditoría ya había detectado no se pudo comprobar su existencia, y por lo que presentó la correspondiente denuncia penal”.

“Toda persona que haya sufrido presuntos actos de espionaje debe estar informada de que ha sido intervenida o vigilada, y debe conocer cuáles son las entidades públicas que lo han realizado; de manera que las víctimas y la sociedad puedan conocer la verdad respecto de dichas acciones, a efecto de procurar la inmediata reparación integral del daño”.

Finalmente, la legisladora panista cuestionó:

“¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía General de la República para garantizar que el equipo desaparecido no se ha estado utilizando de manera indebida? Desde mayo de 2022, ¡está presentada la denuncia penal!

¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que el daño que se les cause por el espionaje, ya sea realizado por particulares o servidores públicos, será reparado?

¿Ustedes creen que esta práctica ilegal (el espionaje) no se está utilizando o va a ser indebidamente usada en y para los procesos electorales que se avecinan?”

Por ello, la Diputada de Acción Nacional, exhorta a la ASF a que dé el seguimiento correspondiente a la denuncia en contra de Renato Sales Heredia y a que la Fiscalía General de la República, de manera urgente, informe a las personas que han sido víctimas de espionaje, a fin de reparar el daño y adoptar las medidas cautelares correspondientes, incluyendo el hacer cesar las conductas ilícitas que hoy se pudieran estar desarrollando.