Ciudad de México.- En un esquema igual al de la “Estafa Maestra”, José Antonio Meade se involucró, como Secretario de Desarrollo Social, en el desvío de recursos públicos que ascienden a más de 500 millones de pesos, informó la Coalición Por México al Frente al detallar tres casos hallados en los informes de las Cuentas Públicas de 2015 y 2016, de la Auditoría Superior de la Federación.

En conferencia de prensa, en la que participaron dirigencias, liderazgos y legisladores del PAN, PRD y de Movimiento Ciudadano, la Coalición explicó que no es casualidad que el mismo día que se presentó el informe comenzaron las acusaciones contra los opositores.

“No es casualidad que se inventen cortinas de humo, cajas chinas, el mismo día que se presenta el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que no quieren que se conozca y que se debata en la opinión pública son los resultados del informe oficial del órgano máximo fiscalizador”.

Los representantes de la Coalición presentaron tres casos concretos que demuestran que el candidato del PRI, entonces como Secretario de Desarrollo Social (del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016), no solo fue cómplice, sino que incluso tiene responsabilidad de manera directa como Secretario en el momento del desvío de estos recursos públicos, contrario a lo que han señalado.

“El 29 de octubre, meses después de que él ingresó como secretario de Desarrollo Social, se emitió un pago por la Secretaría a su cargo por 400 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Chiapas, la cual supuestamente brindaría diversos servicios”.

Sin embargo, agregó, “en el informe de resultados correspondiente a la Auditoría de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, se puede leer en la página 34 que la Sedesol no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha Universidad. Asimismo, este caso está señalado como uno más del esquema de subcontratación y simulación de servicios, vía empresas fantasma, en esquema Estafa Maestra”.

El segundo caso consiste en la sustracción y falsificación de documentos públicos en convenios con las universidades de Nezahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México, en un convenio de 611 millones de pesos. Dichos convenios fueron también señalados por la ASF por simular servicios y hubo intento de encubrimiento de los desfalcos.

“Los tres convenios originales fueron falsificados, modificados ilegalmente para ajustar la fecha de terminación del contrato a antes del ingreso del secretario Meade a la Sedesol, presumiblemente para tratar de dejarlo fuera de responsabilidad”, pero, agregó, “los descubrieron, los alcanzó la realidad”.

La Auditoría, explicó, detectó que cambiaron ilegalmente las hojas 9 y 10 de los convenios para hacerlos parecer que concluían antes de la etapa de Meade, y ya bajo la Secretaría del hoy candidato tuvieron que autorizar una ampliación presupuestal de 62 millones de pesos para terminar de pagar el contrato fuera de la fecha, pese a que ellos decían que ya había concluido el mismo y que no tenían nada que ver.

Y en 2016, dijeron al explicar el tercer caso, la Secretaria con el hoy candidato Meade como titular, firmó un contrato con la Universidad de Zacatecas por 70 millones de pesos, bajo el mismo esquema de presunto desfalco utilizado en la Estafa Maestra, en donde la ASF encontró que no se pueden comprobar los servicios supuestamente prestados y en los que se ve un caso, de nueva cuenta, de falsa subcontratación.

“Se los decimos de manera clara: hay responsabilidad en el desvío de recursos públicos, por más que han querido hacer cajas chinas, por más que han querido inventar acusaciones, este es el motivo real por el que se está haciendo toda esta faramalla por parte del gobierno federal y del PRI. El motivo es que se quiere encubrir la participación de su candidato Meade en los desvíos de recursos públicos”.

Por ello, exigió al PRI, al Gobierno y a Meade explicar este desvío de recursos públicos, en lugar de estar inventando cajas chinas y ataques a opositores.

Finalmente, la Coalición informó de dos actuaciones sobre el caso: por un lado, se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación y a las instancias del gobierno que informen a la ciudadanía sobre los casos de 2015, si se presentaron o no denuncias derivadas de los presuntos daños patrimoniales, de los delitos cometidos, qué ha pasado con ellas, ya que debieron derivar en la responsabilidad señalada en los informes, qué sucedió con las irregularidades detectadas, qué actuación ha tenido la PGR en la materia.

Y sobre el caso de 2016, pidieron, por un lado, ir hasta las últimas consecuencias con la responsabilidad que deriva de los actos delictivos, así como informar qué empresas o personas físicas se subcontrataron en específico, cuáles son sus domicilios fiscales, entre otra información faltante, porque los mexicanos tienen derecho a saber a quiénes se contrató, si existen o no, o si son empresas fantasma, como en el caso de la Estafa Maestra.

Durante la conferencia estuvieron también el Secretario General del PRD, Ángel Ávila; el representante de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, Alejandro Chanona; el coordinador de los Senadores del PAN, Fernando Herrera; los senadores Silvia Garza, Laura Rojas, Mariana Gómez del Campo, Jorge Luis Preciado, Juan Carlos Romero Hicks y Héctor Flores; el secretario general del PAN, Marcelo Torres Cofiño; los funcionarios panistas Marco Adame, Eduardo Aguilar y Fernando Rodríguez Doval; y los diputados federales Federico Döring, Héctor Barrera, Mauricio Rojas y Arlette Muñoz.