Al acusar que el saliente gobernador priista de Chihuahua pretende asfixiar a la próxima administración y reducir al máximo su margen de maniobra, el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el gobernador electo, Javier Corral Jurado, denunciaron que el Congreso local actuó ilegalmente al modificar el plazo de pago de la deuda contraída por 3 mil millones de pesos, que debía saldarse del 4 de julio al 31 de diciembre del presente año, y ahora será una carga para la próxima administración y para todos los chihuahuenses.

Además de esta deuda sin saldar, ayer el Congreso local aprobó un nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos, al que mañosamente llaman “bursatilización” para evitar el término “deuda”, y que se pagará con los ingresos de las casetas de las carreteras de cuota del estado de Chihuahua en las dos próximas décadas.

“Están comprometiendo ingresos del estado de Chihuahua por los próximos 20 años. Violando la ley, pidieron 6 mil millones de pesos adicionales a la inmensa deuda que ya soporta el estado de Chihuahua, por cierto la deuda per cápita más grande de todos los estados de la República Mexicana”, comentó en conferencia de prensa Ricardo Anaya.

Por su parte, el gobernador electo, Javier Corral, pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no avalar la nueva deuda, pues “no tienen derecho a disponer de una manera tan irresponsable del futuro de todos los chihuahuenses, de los recursos que le pertenecen a todos ellos”, mientras que a todos los bancos nacionales y extranjeros solicitó que “no consumen este agravio”, porque además de afectar al pueblo de Chihuahua, pueden poner en riesgo a sus propios socios.

“La manera en que están actuando los gobernadores salientes es una especie de venganza contra la gente, que lo único que ha hecho es ponerse de pie y poner un ‘hasta aquí’ a la corrupción política que destacadamente se ha dado en estos estados de Veracruz y Chihuahua”, enfatizó.

Finalmente, dejó en claro que como Gobernador, velará por los intereses de los chihuahuenses y que, de ser necesario, combatirá jurídicamente cualquier decisión con la que se llegue a consumar este agravio.