Ciudad de México 30 de marzo de 2023.- Ante la amenaza en que se encuentra la democracia, como nunca en la historia, el Partido Acción Nacional presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra de la segunda parte del plan B de reforma electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó el presidente nacional, Marko Cortés Mendoza.

El Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, fue quien presentó este nuevo recurso que tiene como objetivo frenar el segundo intento de decreto presidencial, que resulta “tan peligroso, como perverso, ya que, merma de fondo las posibilidades democráticas y plantea un autoritarismo competitivo”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, confiando en la prudencia, confiando en los oficios y el profesionalismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El INE se quedará, el INE es la institución democrática más importante de este país, construida a base de los ciudadanos, es el pilar que tenemos que defender. Y en este cumplimiento Acción Nacional acompañará cada uno de los tramos a las y los mexicanos”, sostuvo Bolaños.

El primer intento de acabar con la democracia, a través de una nociva reforma constitucional impulsada desde el oficialismo – se explica en el documento- fue rechazada en el Congreso por los legisladores y en las calles por cientos de miles de mexicanos que salieron al reclamar “el INE no se toca”.

En el recurso presentado se advierte de un tercer intento por debilitar la democracia, con el proceso de renovación de 4 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, incluyendo al presidente, un proceso que está evidentemente viciado.

Como retrocesos y violaciones en las que incurre el decreto presidencial se señala la transgresión a la Constitución, la vulneración del proceso legislativo, el trastocamiento de la autonomía constitucional del INE y su estructura básica, el daño al desarrollo de la jornada electoral y la vulneración al sistema federal y las facultades reservadas hacia otros órganos del Estado.

Asimismo, implica un retroceso en materia de paridad de género y grupos vulnerables, merma la posibilidad de que la ciudadanía reclame derechos político-electorales, no se aplica el régimen sancionador en materia electoral y se rompe la autonomía e independencia del órgano electoral. Además, se rompe el monopolio de la formación del padrón electoral e impacta el modelo de comunicación, permitiendo la propaganda de gobierno hecha por servidores públicos.