Marcos Pérez Esquer.- La compra de Iberdrola es el nuevo magno error económico de este gobierno. Otra vez, el gobierno da cuenta de que no entiende cómo funciona la economía. Tal como ocurrió con la decisión de cancelar el proyecto de construcción del aeropuerto de Texcoco, ahora ha decidido una nueva operación financiera inconveniente para México.

El martes pasado, el presidente de México anunció la compra de 13 plantas generadoras de energía propiedad de la empresa española Iberdrola. De entrada, llama la atención un convenio de esta naturaleza entre estas dos partes, porque si algo ha hecho el gobierno obradorista con respecto a Iberdrola es denostarla como supuesta beneficiaria de “la corrupción del pasado”.

Así, extrañamente, los constantes ataques del gobierno contra Iberdrola terminan ahora en un acuerdo para que el gobierno adquiera el 87% de la producción de esa empresa en nuestro país, a un costo de 6 mil millones de dólares, algo así como 120 mil millones de pesos. 

Tal parece que, ante la actitud absolutamente hostil y amenazante del gobierno mexicano, Iberdrola prefiere ir a hacer negocios en otra parte, presumiblemente a los Estados Unidos donde los proyectos de energías renovables -que son la nueva estrategia de largo plazo de Iberdrola- están siendo subsidiados. 

En este sentido, hay una pésima señal: México ya no es atractivo para las grandes inversiones extranjeras en el sector energético.

Pero más allá de esto, está también el problema del acuerdo alcanzado en sí. Los especialistas en materia energética señalan que el 70% de las plantas adquiridas tienen ya entre 10 y 18 años en operación, la mitad de su vida útil, y solo 4 plantas son relativamente recientes, por lo que habría sido mucho mejor, en su caso, haber destinado el dinero a construir plantas nuevas, y de preferencia, no de ciclo combinado sino fotovoltaicas o eólicas, es decir, generadoras de energías totalmente limpias. Construir 13 plantas nuevas habría costado unos 8 mil millones de dólares, es decir, un 33% más, pero la vida útil habría sido del doble.

Esto significa que Iberdrola hizo un acuerdo doblemente beneficioso para ellos: por una parte, se retiran de un país en el que su gobierno ha sido absolutamente hostil, para irse a otro donde los reciban con los brazos abiertos, y por otra parte, antes de irse logran vender sus activos al propio gobierno a un alto precio. Esto es un buen ejemplo de una privatización de las ganancias y una socialización de las pérdidas. Algo completamente contradictorio con lo que Obrador suele postular.

Además, hay un hilo de mentiras de por medio. No en balde decía Napoleón Bonaparte que la historia es un conjunto de mentiras acordadas. 

Primera mentira: que se trata de una “segunda nacionalización” de la industria eléctrica. Por supuesto no se trata en realidad de una nacionalización porque en el sector sigue habiendo otras muchas empresas privadas, pero adicionalmente, porque esta inversión también será formalmente privada. La adquisición la hace el fondo Mexico Infraestructure Partners (MIP), una administradora privada de fondos de inversión, en la que si bien la mayoría de sus inversores son entidades públicas, no deja de ser privada. Tanto así que su director es Gabriel Budebo, quien fuera Subsecretario de Hidrocarburos en el gobierno de Felipe Calderón, alguien a quien Obrador jamás invitaría a trabajar.

Segunda mentira: que se garantiza el abasto y la soberanía energética. Es falso, lo cierto es, que las plantas adquiridas son Productoras Independientes de Energía (PIEs), que, como tales, venden toda su energía a CFE, es decir, no hay un solo voltio nuevo en la operación; por tanto, nada tiene que ver con garantizar el abasto. 

Tercera mentira: que bajarán los precios de la electricidad. Es otra falsedad; una característica de las PIEs es que deben venderle a CFE a un precio menor que el costo con el que CFE genera su propia energía con la misma tecnología; por ende, tampoco implica una reducción de costos, y de hecho, si CFE las opera directamente, seguro aumentarán los costos, porque CFE es menos eficiente y cuenta con una plantilla laboral más grande con muchas prebendas sindicales. Esto terminaría aumentando las tarifas -o los subsidios de Hacienda a la CFE-, y nos dejaría a las y los mexicanos pagando caro, de eso no hay duda. 

En definitiva, la decisión de destruir, de asolar a Iberdrola en México, es de una racionalidad más ideológica que económica.