México debe tener mejor estrategia para resolver pobreza y desigualdad
Ciudad de México.- El senador Juan Carlos Romero Hicks presentó una iniciativa de reformas a la Carta magna, con el fin elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, así como la obligación del Estado de promover la ciencia, la tecnología y la innovación como áreas prioritarias del desarrollo nacional.
Al presentar su iniciativa ante el pleno del Senado, Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, indicó que su propuesta plantea adicionar la fracción V del artículo 3º constitucional, para establecer también que el Estado deberá garantizar la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia, para lo cual deberá proveer los recursos y estímulos necesarios, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que determine la ley reglamentaria correspondiente.
Asimismo, señaló que su propuesta busca reformar la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado.
Esta modificación tiene como propósito sentar las bases para el desarrollo y la consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, añadió Romero Hicks.
Explicó que en el artículo segundo transitorio, la iniciativa plantea que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
Esta ley preverá disposiciones tendientes a promover la inversión mexicana, regular la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, así como la generación, conservación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, requeridas para el desarrollo nacional.
Romero Hicks subrayó que la legislación actual necesita armonizarse con los tratados internacionales, a fin de reconocer el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.
“Lo que nos urge es una mayor articulación institucional de centralizar las decisiones, incorporar visiones de, al menos, 25 años de largo plazo y, sobre todo, dar certeza jurídica a los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, el sector académico, el sector emprendedor y el sector gubernamental”, sostuvo.
Al explicar su propuesta, el senador panista afirmó que los países que han logrado mayor desarrollo han entendido que se requiere una cadena virtuosa de educación, ciencia, tecnología e innovación, además de reconocer que los problemas de hoy no se resuelven con las soluciones del ayer.
En la actualidad, recordó que la inversión pública en ciencia y tecnología es mayor que la inversión privada, cuando en el resto del mundo es exactamente al contrario.
La Ley de Ciencia y Tecnología, dijo, establece que el gasto de inversión y desarrollo en ciencia y tecnología debe ser del 1 por ciento; sin embargo, sumados los esfuerzos públicos y privados, solamente se invierte el día de hoy el 0.55 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras en comparación con el resto del mundo, se ubica está entre el 1.5 el 4.2 por ciento del PIB.
“México es un país grande, pero tiene que crecer más y tiene que tener una mejor estrategia para poder resolver los grandes problemas de la vida cotidiana: pobreza y desigualdad, Estado de derecho y todo aquello que sea preocupación de todos los mexicanos”, expuso.
Romero Hicks agradeció a los 76 senadores de los diversos grupos parlamentarios que han firmado y apoyado su iniciativa, así como a los coordinadores parlamentarios y a los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.