Ciudad de México.- De igual forma, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar el proceso de extradición del ex mandatario estatal para su pronta detención y procesamiento en México, así como implementar acciones preventivas y de inteligencia con el propósito de desarticular a los grupos de delincuencia organizada que operan en Chihuahua.

Lo anterior con pleno respeto a la soberanía del estado, a sus instituciones y a la impartición de justicia en materia local, exigieron los senadores, quienes condenaron la campaña de desprestigio que enfrenta el gobierno de Javier Corral Jurado y la ola de violencia en contra su equipo de seguridad.

En un punto de acuerdo, los legisladores también solicitaron al Poder Judicial de la Federación garantizar la división de poderes y ejercer a cabalidad su autonomía e independencia, toda vez que en un “hecho inédito y contrario a derecho” el Consejo de la Judicatura avaló la atracción de los procesos penales de Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas.

“Es claro que en las leyes penales es competente el juez del lugar donde se cometió el delito. Es sabido que la legislación penal no se interpreta, se cumple al tenor de su letra, no hay más, derecho es derecho y junto con la razón le corresponde a Chihuahua”, resaltaron en la exposición de motivos.

En conferencia de prensa para referirse al punto de acuerdo, la senadora Sylvia Martínez Elizondo, acompañada del coordinador de la bancada, Fernando Herrera Ávila y los senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, así como de las senadoras Martha Tagle y Angélica de la Peña, denunció los hechos de violencia que vive la entidad.

Chihuahua ha sido castigada no sólo por la falta de acciones efectivas para combatir al crimen organizado y los delitos contra la salud, que le corresponde perseguir a las autoridades federales; pero también pretenden evitar que se haga justicia en casos de corrupción que le corresponde investigar a las autoridades locales, expuso.

La fiscalía del estado cuenta con pruebas de la participación de Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas en hechos delictivos y “no se dejará amedrentar por el Ejecutivo federal ni por la delincuencia organizada que nos ha azotado a los últimos meses”, advirtió.

Para pretender la impunidad de los involucrados, agregó, se invade la esfera de competencia de órganos jurisdiccionales para que en un futuro “veamos sentencias o resoluciones como aquella en la que PGR dijo que no existen datos que lleven a determinar la comisión de delitos cometidos por César Duarte, exonerándolo de toda responsabilidad”.

Asimismo, expuso que al pueblo de Chihuahua se le niega la justicia, pues la PGR omite solicitar la pronta extradición del ex gobernador, por lo que acusó que esta institución está claramente cooptada por el Ejecutivo federal y se reserva del derecho de ejercer acción penal y procurar justicia para el pueblo al que debe servir.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, manifestó que son constantes y permanentes los agravios del gobierno federal contra el estado para evitar que al pueblo de Chihuahua se le dé justicia, además de que hay un uso faccioso de las instituciones.

Consideró que las tropelías e irregularidades financieras en las que incurrió César Duarte deben ser juzgadas en esa entidad, porque permitir que se atraigan los casos será una invasión flagrante a las atribuciones del órgano jurisdiccional competente.

En tanto, la senadora Martha Tagle cuestionó: “¿de qué tamaño es el pacto de impunidad entre el gobierno de Peña Nieto y los personajes que están alrededor del ex gobernador César Duarte?, ¿de qué tamaño fue la corrupción que existió y el nivel de complicidad que hubo para que ahora el gobierno esté utilizando todas las instituciones del Estado para castigar a Chihuahua, para no lograr que se haga justicia y para continuar cubriendo con un pacto de impunidad a estos personajes?”.

Los senadores indicaron el punto de acuerdo que la PGR en diversos casos de corrupción nacional se abstiene de investigar porque se verían involucrados muchos de los servidores públicos de la administración actual, concluyeron.