“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa” Cesare Beccaria

ÉctorJaime Ramírez Barba.- Durante sus cinco años de administración, el Ejecutivo Federal se ha erigido como el principal promotor de vulnerabilidades en el Estado de Derecho del país, menospreciando y violando la Constitución, las leyes, los reglamentos y las instituciones. Simultáneamente, ha desincentivado la participación que, según la ley, corresponde a diversos actores de los sectores académico, social y privado.

El marco normativo en salud establece atribuciones específicas: a quiénes convocar y cómo actuar en acciones de salud pública esenciales, cuya prioridad es la prevención y el control de enfermedades, y la mitigación de riesgos para la salud de las personas.

Una revisión somera de las acciones del Ejecutivo Federal revela que la crisis actual en salud se debe en gran parte a su incapacidad para formular y operar políticas nacionales adecuadas en el ámbito de la salud. Esta situación se ha exacerbado por la tendencia del gobierno actual a ignorar la ley e inhibir la participación social. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

1. Desdén al Consejo de Salubridad General.- Entre las razones de la mala gestión de la pandemia se encuentra la tardía convocatoria al Consejo de Salubridad General por parte del Presidente y la Secretaría de Salud. Esto ha derivado en decisiones poco eficaces y en una gestión de la pandemia que ha resultado en innecesarias pérdidas de vidas.
2. Reforma a la Ley General de Salud de 2023.- Esta reforma centraliza funciones en la Secretaría de Salud, reconfigurando y disminuyendo las facultades del Consejo de Salubridad General, lo cual amenaza la pluralidad y eficacia en la toma de decisiones.
3. Creación del Servicio Nacional de Salud Pública.- Esta nueva unidad administrativa podría establecer acciones sin la coordinación de autoridades locales y sin la inclusión de expertos en salud, lo cual podría resultar en decisiones erradas.
4. Manejo inapropiado de fondos para la salud.- El Ejecutivo Federal ha socavado el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) durante tres ejercicios fiscales, desviando recursos destinados para enfermedades que provocan gastos catastróficos y otros propósitos esenciales.
5. Agotamiento de fondos.- De los 110 mil millones de pesos que poseía el Fonsabi en 2018, solo quedan 37 mil millones en 2023.
6. Falta de transparencia.- Las reformas posteriores permiten que los remanentes del Fonsabi se puedan destinar a diversas acciones de salud o a la TESOFE, sin precisar el destino del gasto, lo que contradice los principios de transparencia y rendición de cuentas.
7. Crítica al Sector Privado.- El gobierno ha desacreditado la contribución del sector privado, particularmente de las farmacéuticas, lo cual ha resultado en un desabasto nacional de medicamentos que afecta tanto a pacientes como a la economía.
8. Falta de Apoyos a Organismos Sociales.- La desconfianza del Ejecutivo Federal hacia la sociedad civil ha debilitado a numerosas organizaciones sociales que contribuían a las funciones del gobierno, particularmente en el ámbito de la prevención y la promoción de la salud.
9. Débil Consideración del Parlamento Abierto en las Reformas de Salud Impulsadas.- El Parlamento Abierto es un mecanismo implementado por los Congresos que se fundamenta en la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, permitiendo la participación ciudadana en el proceso legislativo mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación e internet. Primero se eliminó el seguro popular, creando en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que durante sus tres años de existencia no cumplió su promesa de proporcionar servicios y medicamentos a la población sin seguridad social. Más tarde, las funciones del Insabi fueron transferidas a los servicios de salud IMSS-Bienestar. En el caso de la reforma a la Ley General de Salud para establecer el Insabi, se recurrió al Parlamento Abierto para escuchar a académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, legisladores federales y locales, y autoridades locales y federales. Lamentablemente, en el dictamen final se ignoraron opiniones sustantivas que podrían haber enriquecido la iniciativa presentada por Morena. Por otro lado, la segunda reforma para transferir las funciones del Insabi al IMSS-Bienestar se presentó como un “albazo legislativo”. Se obviaron todos los trámites legislativos estipulados por el marco normativo, aprobando la iniciativa sin un dictamen apropiado y sin realizar Parlamento Abierto alguno para discutir y analizar la reforma.
10.  Durante las LXIV y LXV Legislaturas ha sido común recurrir a Parlamentos Abiertos en relación con diversas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal y legisladores de Morena. Sin embargo, estos Parlamentos terminan siendo meras simulaciones del proceso legislativo, lo que afecta gravemente la credibilidad y confianza en el Poder Legislativo. El resto de las iniciativas de envían al “congelador legislativo”.

Ayer presentó AMLO su quinto informe. De ello hablamos después.