Coahuila.- En Sesión Ordinaria se aprobó un Punto de Acuerdo del Diputado Gerardo Aguado Gómez para solicitar a la Procuraduría General de la República, así como a la Fiscalía General del Estado, el estatus que guardan las averiguaciones previas relacionadas con la ilegal contratación de créditos de parte del Poder Ejecutivo de Coahuila, situación que dio origen a la mega deuda de Coahuila que hasta hoy se sigue pagando.

El Diputado señaló que desde el año 2011 se iniciaron averiguaciones previas o carpetas de investigación en relación a la contratación de créditos con decretos falsos por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, pero no se ha vuelto a saber más de éstas.

“Pareciera que el Gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Riquelme no quisiera hacer nada al respecto y es un hecho que se actuó de manera ilegal, ahí están las pruebas” apuntó.

Añadió que al día de hoy no hay ni un solo funcionario público en la cárcel, como responsable del desfalco que hoy están pagando los coahuilenses con menos obra, menos salud y menos programas sociales.

“Hago un llamado al Gobernador para que enfrente este pendiente y aplique la justicia por este grave robo al erario caiga quien caiga” puntualizó.

Cabe mencionar que la información sobre las denuncias se conoce derivado de solicitudes de acceso a la información de los años 2015 y 2016, que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado tuvieron que responder, con relación a las acciones que se tomaron luego de las denuncias presentadas por legisladores del Partido Acción Nacional.

Las denuncias que continúan abiertas por parte de la Procuraduría General de la República son las que tienen el número de expediente 283/2011, el 282/2011 y el D.G.A.P. -002/2013, mientras que por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila está abierta la investigación con expediente D.G.R.- 002/2011.

Gerardo Aguado manifestó que ya es demasiado tiempo para que no se hayan podido resolver, por lo que es importante saber el estado procesal en que se encuentran y no permitir que las vayan a cerrar en forma sigilosa y sin que nadie se entere.